La lógica mercantil de los laboratorios y la
necesidad de una producción pública de medicamentos para la gente, el
rol de las obras sociales y sus vínculos con el sistema privado de salud
fueron los temas debatidos en Mar del Plata.
"Unas 25 millones de personas tienen obra social, 4 millones tienen
prepagas, pero 20 millones no tienen cobertura alguna. Por esto es muy
importante sostener la infraestructura de los hospitales”, apuntó el
diplomado en salud pública Francisco Leone durante las Jornadas
Internacionales Sociedad, Estado y Universidad, que se desarrollaron la
semana pasada en Mar del Plata.
Con 470 mesas de reflexión y más de 1500 panelistas, el objetivo de las jornadas fue abordar desde diferentes perspectivas las nuevas problemáticas de las relaciones que se establecen entre la universidad, el Estado y la sociedad. Entre las temáticas expuestas se destacó la mesa de Salud y Política Sanitaria, que desnudó el vínculo de las obras sociales con el sistema privado de salud, y que planteó la necesidad de producir medicamentos públicos para romper con la lógica del mercado por sobre los derechos de la población.
La mesa fue precedida por el médico marplatense Carlos Trotta, contó con la participación del doctor de la Universidad de Córdoba Horacio Barri, el médico sanitarista José Carlos Escudero y Leone.
“Las obras sociales son de los trabajadores, pero desde hace años continúan con la política de desregulación con fuertes vínculos con las empresas de medicina prepaga y la contratación con la medicina comercial”, denunció Leone.
Los hospitales porteños no están inmunes a la lógica empresarial. En los últimos años, la falta de mantenimiento e insumos, junto a la escasez de enfermeros provocaron la desidia de muchos de sus trabajadores, de la población y la penuria de quienes deben ser atendidos en malas condiciones. “No queda en claro cuál es la política sanitaria del gobierno municipal, pero el oficialismo porteño cuenta con el apoyo de la Asociación de Médicos Municipales, que están más preocupados por los ataques que reciben los profesionales que por las agresiones que perciben los pacientes por la mala atención”, sostuvo Leone.
Para Escudero, “la clase media próspera argentina suele identificarse con ideologías individualistas e ignora que las probabilidades de supervivencia de sus propios hijos son inferiores a la de las familias cubanas”. Pensar la salud por fuera de las posibilidades del bolsillo implica ver al sistema sanitario poblacional en su realidad histórica, en su matriz contextual.
Otra de las problemáticas actuales que se discutió en “Salud y Política Sanitaria” fue el mercado de los medicamentos.
Las políticas nacionales de los últimos cuarenta años relacionadas con el abastecimiento de medicamentos a la población se llevaron a cabo, fundamentalmente, a través de la compra, no de la producción. Un ejemplo de ello se expresa en el programa Remediar, un plan implementado a partir de octubre de 2002 hasta la fecha (actualmente denominado Remediar + Redes), y pensado para abastecer a 15 millones de personas en estado de desamparo y sin cobertura social.
Los laboratorios de capitales argentinos nucleados mayoritariamente en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y en la Cámara Empresaria de la Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), consideran que el Estado debe intervenir sólo en la regulación de su actividad pero sin entrar en el terreno de la producción pública, a la que consideran con escasos recursos tecnológicos, o que no reúnen las condiciones establecidas.
“Los laboratorios privados no producen medicamentos de escasa rentabilidad pero de reconocida acción terapéutica, como los que se utilizan en el tratamiento del mal de Chagas o de la tuberculosis. Obviamente, su objetivo no es priorizar la función social de los mismos, sino obtener la máxima ganancia”, comentó Barri.
En septiembre de 2007 se formó una Red Nacional de Laboratorios (Relap), constituida por alrededor de 25 laboratorios públicos, para articular producción de medicamentos con investigación y desarrollo. Fue tomado orgánicamente por el Ministerio de Salud para implementar su Programa para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas, y Productos Médicos (Resol. 286/2008).
A mediados de 2008, ante una solicitud del Ministerio de Salud de la Nación para el programa Remediar, cuatro laboratorios públicos (LIF de Santa Fe, LEM de Rosario, Laboratorios Puntanos de San Luis y Laformed de Formosa) produjeron 40 millones de comprimidos en cinco especialidades medicinales diferentes, hecho que hablaba de la versatilidad y de la capacidad potencial de los mismos. Sin embargo, esto fue fugaz y el programa, inexplicablemente, fue desactivado a mediados de 2009 por la actual gestión del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.
“Existe una ley para la producción pública de medicamentos, que posee el Ministerio de Salud. Se está a la espera para ver de qué manera se reglamenta esta normativa, pero desconocemos si el ministerio está convencido de la propuesta”, afirmó Leone.
Para Escudero, habría que subsidiar el sistema de fabricación estatal de medicamentos, de manera que pueda vender drogas de alta calidad y a bajo precio. Este subsidio colaboraría para la formación de precios testigos. “Lo que no se puede fabricar en Argentina habría que comprarlo en el mercado internacional de medicamentos en licitaciones abiertas, con condiciones de calidad aseguradas. Así bajaría drásticamente el costo”, indicó Escudero.
Según Barri, el problema más grave tiene que ver con los más de 450 medicamentos que circulan masivamente, sin eficacia comprobada o con combinaciones irracionales de drogas. “Esta situación es grave porque los que sirven no superan el tercio de los que se recetan, venden o compran” , advirtió Barri.
Salirse de la lógica de mercado exige “discutir cómo hacemos para conseguir en el sector salud poder político, que nos permita poner en práctica la ética por sobre la ganancia”, concluyó Escudero.
Con 470 mesas de reflexión y más de 1500 panelistas, el objetivo de las jornadas fue abordar desde diferentes perspectivas las nuevas problemáticas de las relaciones que se establecen entre la universidad, el Estado y la sociedad. Entre las temáticas expuestas se destacó la mesa de Salud y Política Sanitaria, que desnudó el vínculo de las obras sociales con el sistema privado de salud, y que planteó la necesidad de producir medicamentos públicos para romper con la lógica del mercado por sobre los derechos de la población.
La mesa fue precedida por el médico marplatense Carlos Trotta, contó con la participación del doctor de la Universidad de Córdoba Horacio Barri, el médico sanitarista José Carlos Escudero y Leone.
“Las obras sociales son de los trabajadores, pero desde hace años continúan con la política de desregulación con fuertes vínculos con las empresas de medicina prepaga y la contratación con la medicina comercial”, denunció Leone.
Los hospitales porteños no están inmunes a la lógica empresarial. En los últimos años, la falta de mantenimiento e insumos, junto a la escasez de enfermeros provocaron la desidia de muchos de sus trabajadores, de la población y la penuria de quienes deben ser atendidos en malas condiciones. “No queda en claro cuál es la política sanitaria del gobierno municipal, pero el oficialismo porteño cuenta con el apoyo de la Asociación de Médicos Municipales, que están más preocupados por los ataques que reciben los profesionales que por las agresiones que perciben los pacientes por la mala atención”, sostuvo Leone.
Para Escudero, “la clase media próspera argentina suele identificarse con ideologías individualistas e ignora que las probabilidades de supervivencia de sus propios hijos son inferiores a la de las familias cubanas”. Pensar la salud por fuera de las posibilidades del bolsillo implica ver al sistema sanitario poblacional en su realidad histórica, en su matriz contextual.
Otra de las problemáticas actuales que se discutió en “Salud y Política Sanitaria” fue el mercado de los medicamentos.
Las políticas nacionales de los últimos cuarenta años relacionadas con el abastecimiento de medicamentos a la población se llevaron a cabo, fundamentalmente, a través de la compra, no de la producción. Un ejemplo de ello se expresa en el programa Remediar, un plan implementado a partir de octubre de 2002 hasta la fecha (actualmente denominado Remediar + Redes), y pensado para abastecer a 15 millones de personas en estado de desamparo y sin cobertura social.
Los laboratorios de capitales argentinos nucleados mayoritariamente en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y en la Cámara Empresaria de la Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), consideran que el Estado debe intervenir sólo en la regulación de su actividad pero sin entrar en el terreno de la producción pública, a la que consideran con escasos recursos tecnológicos, o que no reúnen las condiciones establecidas.
“Los laboratorios privados no producen medicamentos de escasa rentabilidad pero de reconocida acción terapéutica, como los que se utilizan en el tratamiento del mal de Chagas o de la tuberculosis. Obviamente, su objetivo no es priorizar la función social de los mismos, sino obtener la máxima ganancia”, comentó Barri.
En septiembre de 2007 se formó una Red Nacional de Laboratorios (Relap), constituida por alrededor de 25 laboratorios públicos, para articular producción de medicamentos con investigación y desarrollo. Fue tomado orgánicamente por el Ministerio de Salud para implementar su Programa para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas, y Productos Médicos (Resol. 286/2008).
A mediados de 2008, ante una solicitud del Ministerio de Salud de la Nación para el programa Remediar, cuatro laboratorios públicos (LIF de Santa Fe, LEM de Rosario, Laboratorios Puntanos de San Luis y Laformed de Formosa) produjeron 40 millones de comprimidos en cinco especialidades medicinales diferentes, hecho que hablaba de la versatilidad y de la capacidad potencial de los mismos. Sin embargo, esto fue fugaz y el programa, inexplicablemente, fue desactivado a mediados de 2009 por la actual gestión del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.
“Existe una ley para la producción pública de medicamentos, que posee el Ministerio de Salud. Se está a la espera para ver de qué manera se reglamenta esta normativa, pero desconocemos si el ministerio está convencido de la propuesta”, afirmó Leone.
Para Escudero, habría que subsidiar el sistema de fabricación estatal de medicamentos, de manera que pueda vender drogas de alta calidad y a bajo precio. Este subsidio colaboraría para la formación de precios testigos. “Lo que no se puede fabricar en Argentina habría que comprarlo en el mercado internacional de medicamentos en licitaciones abiertas, con condiciones de calidad aseguradas. Así bajaría drásticamente el costo”, indicó Escudero.
Según Barri, el problema más grave tiene que ver con los más de 450 medicamentos que circulan masivamente, sin eficacia comprobada o con combinaciones irracionales de drogas. “Esta situación es grave porque los que sirven no superan el tercio de los que se recetan, venden o compran” , advirtió Barri.
Salirse de la lógica de mercado exige “discutir cómo hacemos para conseguir en el sector salud poder político, que nos permita poner en práctica la ética por sobre la ganancia”, concluyó Escudero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario