El arribo del Frente para la Victoria al gobierno en Río Negro después de 28 años de hegemonía radical –que concluyó con un notable desgaste de la gestión y una abrumadora cantidad de sospechas de corrupción– fue sobre la base de un puñado de propuestas que gran parte del electorado compartió y respaldó, aun por encima de preferencias partidarias:
La honestidad y transparencia en la función pública, la eficiencia en el Estado, la independencia de la Justicia, la restauración de la cultura del trabajo, el apoyo a las actividades económicas privadas y el mejoramiento de la educación y de la salud públicas fueron los objetivos repetidos hasta el cansancio por Carlos Soria y por Alberto Weretilneck durante la campaña electoral.
Buena proporción de ciudadanos creyó que eran fines deseables y que las personas que integraban la fórmula del Frente podían llevarlos a cabo.
Es lógico suponer que ese voto mayoritario incluía la convicción de que la tarea no sería fácil. Sacar los "ñoquis" del Estado supondría que personas con nombre, apellido, hijos y obligaciones dejaran de percibir el sueldo que cobraban cada mes. Evitar el uso partidario de medios y bienes estatales equivaldría a un cambio de cultura política. Remover de planta permanente a quienes ingresaron burlando las normas implicaría afectar derechos que esas personas consideraban consolidados. Mejorar el servicio en los hospitales conllevaría cortar el festival de horas extras y acabar con innecesarias derivaciones al sector privado. También habría costos en Educación respecto de docentes y porteros. Y en Obras Públicas... Nadie esperaba un verano de siestas sosegadas.
La muerte de Carlos Soria estremeció al Estado y a la sociedad. El gobierno hizo el duelo y generó reacomodamientos políticos que demandaron casi todo enero. Podría decirse que –salvo las pocas decisiones adoptadas por Soria en diciembre– la gestión del Frente comenzó a desarrollarse hace pocos días.
Y aquí es cuando se plantea la cuestión del "cómo". De la estrategia, los métodos y los modales para transformar el Estado en aquello que –es de suponer– sigue siendo el objetivo del gobierno.
Las buenas ideas, se sabe, no son autosuficientes. Para prosperar, deben ser ejecutadas con lógica, midiendo tiempos, métodos y consecuencias. Los efectos dependerán de una miríada de decisiones, estilos y circunstancias. Como en un calidoscopio, la imagen que suceda a la presente será muy otra. En política, cada ficha se juega sólo una vez.
Algunos indicios permiten deducir que o no todo el gobierno piensa del mismo modo a la hora de diseñar sus acciones o ciertas personas registran dificultades para elegir los caminos más aptos para lograr los fines buscados.
Esas señales de alarma se advierten en la arbitrariedad y un aire revanchista en acciones que generan preocupación incluso en quienes se sienten parte del proyecto político del Frente.
Algunos de estos hechos podrían explicarse en la dificultad que parecen enfrentar noveles funcionarios para modificar su pensamiento, adaptándolo a su nueva condición de gobierno.
Para un político, actuar desde la oposición tiene ventajas: la bronca y la prepotencia le son dispensadas por la impotencia de no tener las herramientas para transformar la realidad. Hasta sobreactuar le está permitido, como modo de comunicar desde un lugar de desventaja.
A un gobernante, en cambio, esas actitudes le están vedadas. La autoridad del Estado pone a su disposición los recursos y la posibilidad de decidir y ejecutar medidas. Pero el marco tiene que ser la legalidad. Es tan grande el poder del Estado que resulta no sólo innecesario sino condenable sumarles el destrato, el atropello o el insulto.
Los primeros pasos de Julián Goinhex al frente de Canal 10 podrían ser tomados como ejemplo de lo que no debería hacer quien buscara transformar un medio de comunicación, que durante años actuó vergonzosamente al servicio de un partido, en un organismo público donde se respeten las ideas y se aprovechen los recursos del Estado en beneficio de la comunidad.
Goinhex ordenó a sus segundos mandos presionar a personas para obligarlas a renunciar. Y luego envió telegramas de despido a personal de planta con años de trabajo. No a ñoquis, ni a los responsables políticos de que Canal 10 haya sido el órgano de propaganda del radicalismo o el financista irregular de los avisos del candidato Barbeito.
Cuando se propone un cambio rotundo, los excesos son un riesgo cierto.
• El mismo Soria cometió uno cuando, en busca de terminar con ñoquis y pases a planta irregulares, forzó la declaración de disponibilidad de 20.000 estatales. El "cómo" fue, allí, desmedido. Y la complejidad que sumó se evidencia en que no hay aún decreto reglamentario de esa ley ni consenso entre los ministros respecto de cómo aplicarla.
• Se propuso desactivar los negocios espurios en la reparación y ampliación de escuelas que resultaron en obras caras y deficientes. Pero en dos meses no se ha puesto un esquema superador. La propuesta de trasladar el mantenimiento –también de hospitales y comisarías– a los municipios es una buena idea. Pero el cómo sigue siendo un interrogante.
• La iniciativa de crear una empresa minera es interesante, pero agrega otra, sin que se hayan resuelto los problemas de las actuales empresas del Estado.
• Sumar al gobierno de la educación un representante de los padres es democratizador. Pero esa buena idea no contribuirá a tal fin si, como se propone, no lo eligen los padres sino concejales y legisladores.
Hay buenas razones para afirmar que la metodología del maltrato no es una directiva del gobierno que conducen Alberto Weretilneck, Miguel Pichetto y los herederos políticos de Carlos Soria sino, en todo caso, un desvío individual. Y dos meses –con las dificultades conocidas– son poco tiempo para definir un perfil de una gestión.
Pensar en reconducir métodos y estilos es deseable en la medida en que las personas que hoy están en funciones de gobierno adquieran más conocimiento y seguridad sobre su propio campo de acción y en la relación con los actores de dentro y fuera del Estado.
No hacerlo tendría consecuencias nefastas para el gobierno, que pagaría un innecesario costo político al generar resentimientos en sectores que acuerdan con sus objetivos y que difieren sólo en el "cómo" llevarlos a la práctica.
También significaría un impensado favor al radicalismo, que –todavía golpeado por la derrota y por las investigaciones judiciales contra numerosos ex funcionarios– ya comenzó a aprovechar los espacios para formular críticas al nuevo gobierno.
Es probable que no exagerara tanto Soria cuando dijo, al asumir, que gobernar Río Negro implicaría reconstruir una provincia devastada. Sería penoso que alguno de los funcionarios de su gestión sumara más despojos a una comunidad ya sumamente castigada por la prepotencia política y el abuso de autoridad y que votó en favor de un Estado moderno, ágil, transparente y austero, que esté al servicio de los rionegrinos y del cual no haya que temer ni defenderse.
ALICIA mILLER amiller@rionegro.com.ar
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