LA POBLACION LATINOAMERICANA RECLAMA respuestas a la crucial cuestión de la inseguridad ciudadana. En 1995, sólo el 5% de la población consideraba que ése era el problema más importante. Ahora es el 17% (Latinobarómetro, septiembre de 2008). Encabeza el ranking de los problemas, seguido por la desocupación. La tasa de homicidios anuales es de 25,1 por cada 100.000 habitantes, el doble de la de 1980 (12,5), y 25 veces la de los países nórdicos (Noruega, 0,9; Dinamarca, 1,1; Suecia, 1,2). En México hubo este año casi 4.000 muertes por el crimen organizado, y 1,9 secuestros diarios. En El Salvador, con una de las tasas más altas, se aplicaron en las últimas presidencias las políticas denominadas mano dura y supermanodura, y el delito siguió ascendiendo. En Guatemala se multiplicó la seguridad privada, y continuó aumentando.
En Argentina, mientras que la población subió un 8% entre 1995 y 2005, la tasa de encarcelamiento aumentó en un 92%, y sin embargo el delito no disminuyó.
¿Qué se debe hacer? Por lo pronto es fundamental mejorar la calidad de un debate muy simplificador que sólo aborda el tema policialmente, manteniendo la discusión encerrada entre cuestiones como hacer imputables a los niños, crear cárceles especiales para niños y adolescentes, presionar a los jueces por mayores penas y gastar más en seguridad. Dados los limitados resultados obtenidos por estas vías, parece que urge poner la discusión en un marco de análisis más amplio que integre, junto a los temas policiales, muchos otros. Entre ellos:
UNO
Hay diversos tipos de delincuencia. Es errado aplicarles a todas el mismo tratamiento. En la región se debería diferenciar por lo menos entre el crimen organizado -conformado por las mafias del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el robo de automóviles- y una delictualidad joven en ascenso conformada por delitos menores de adolescentes y jóvenes que después pueden ir escalando y convertirse en cada vez más graves.
A las mafias debe aplicárseles el máximo peso de la ley. Desarticularlas por todas las vías. Hoy, muchas forman parte de mafias internacionales globalizadas. Se requieren, además de respuestas nacionales, esfuerzos internacionales en áreas como el lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción, y otras que permiten a las mafias financiar y legalizar sus ganancias. Se presentan desafíos de alta complejidad como el que está enfrentando México de desbaratar las complicidades entre las mafias y fuerzas policiales.
La delictualidad joven tiene otras lógicas causales. En América Latina, uno de cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educacional y del mercado de trabajo. Sólo el 49% de los jóvenes termina la secundaria. Sin ella no hay posibilidad de conseguir ningún trabajo en la economía formal. De todos los presos que hay en las cárceles argentinas, sólo el 5% terminó secundaria. En las uruguayas, el 70% son menores de 30 años y no tienen educación. Cuando se preguntó a jóvenes de las maras centroamericanas por qué estaban en ellas, contestaron: “¿Dónde quieren que estemos, si nadie nos acepta en ningún lado?”.
La primera gran simplificación es meter en una misma bolsa todos los tipos de delitos.
En El Salvador, con una de las tasas de crimen más altas, se aplicaron las políticas de ‘mano dura’ y el delito siguió creciendo.
DOS
La culpa es de los jueces. Se argumenta que estarían dejando salir a delincuentes que después vuelven a reincidir. La realidad no es tan sencilla. Muchos de los jóvenes encarcelados llegaron al delito desde la marginación total. Cuando salen con prontuarios penales adicionales están mucho peor que antes para obtener algún tipo de inserción. Si la sociedad no hace nada al respecto, es difícil sorprenderse después. En Estados Unidos se llegó a conclusiones muy claras al respecto. The New York Times editorializa: “Se liberan cada año 650.000 presos, se puede esperar que 2-3 de ellos retornen a la prisión en un plazo de tres años…”. Este mecanismo que llama “la puerta giratoria” es antiético, pero además, no financiable. Muchos Estados, aun los más conservadores, no soportan más las cargas económicas de seguir construyendo prisiones. A partir del reconocimiento de estos hechos, el Congreso aprobó casi por unanimidad la ley de la segunda oportunidad (abril de 2008), que convierte la rehabilitación en una meta central del sistema de justicia federal. Los ex reclusos serán apoyados activamente por los Estados y municipios para conseguir casas, seguros de salud, empleos y tratamiento contra la droga. Se estima que el costo es mucho menor que el de los juicios y cárceles.
En América Latina, los intentos en esa dirección han tenido resultados. Así, por ejemplo, en Argentina se creó un centro universitario en una cárcel, Devoto, para que los presos pudieran seguir estudios. Sólo el 3% de sus ex alumnos volvieron a cometer delitos. En Costa Rica, el sistema penitenciario está obligado a dar cursos de alfabetización, escuela primaria, secundaria y Universidad para los presos que lo deseen. La tasa de reincidencia es menor que la regional.
TRES
Los países exitosos. ¿Por qué países como los nórdicos, que tienen la más baja proporción de policía per cápita del planeta, tienen tan bajos niveles de delincuencia? Su éxito está en que el sistema social incluye. Hay oportunidades reales de educación y trabajo para los jóvenes Estudios como los de Briggs y Cutright (1994), Messner y Rosenfeld (1997) encontraron una sólida correlación entre redes de seguridad económica y reducción de homicidios. Fansilber y otros (1996) encontraron en 45 países que las altas desigualdades -y América Latina es la región más desigual- favorecían los homicidios.
CUATRO
La discriminación en acción. Un estudio de USAID (2006) que pone a foco el fracaso de la mano dura en Honduras, El Salvador y Guatemala, muestra que “muchos de los jóvenes jamás han experimentado una interacción positiva con el Estado. Con frecuencia, su única vivencia del Estado es la policía haciendo arrestos y encarcelando personas”. El clima social para los jóvenes pobres es bien hostil. En el Latinobarómetro 2008, los encuestados dicen que las personas más discriminadas en América Latina son los pobres, y un 62% dice que la policía es más propensa a detener a un joven que a un adulto. Ser pobres y jóvenes es un estigma muy importante.
CINCO
La desarticulación familiar. En diversos países, 2-3 de los delincuentes jóvenes vienen de hogares desarticulados. La familia es fundamental en la prevención del delito. Da códigos éticos, modelos de conducta y tutorea. Muchas familias pobres se quiebran ante el estrés socioeconómico. Sin embargo, la protección de la familia no está en la agenda de la seguridad ciudadana.
“Si no creemos que un chaval de 14 años puede ser reinsertado en la sociedad, estamos perdidos”, dijo un juez.
SEIS
Más de lo mismo. En lugar de dar a los jóvenes en riesgo más educación, más trabajo y más familia, la respuesta convencional es “más de lo mismo”: represión, encarcelamiento y punición. Se está facilitando así la generación de una mano de obra cautiva para el crimen organizado. Mientras que la sociedad es indiferente a su destino, las mafias les ofrecen incentivos económicos inmediatos. Señala Pineyro (UNAM de México): “La base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500.000 personas… Mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza, será difícil revertir la situación”. La Secretaría de Seguridad Pública estatal estima que uno de los carteles de la droga tiene en Ciudad Juárez el control de 521 pandillas integradas por 14.000 menores de 14 a 17 años.
Un debate con éstas y otras simplificaciones crea el ambiente para la mano dura que agresivamente postulan los sectores más conservadores. A ellos se les suman quienes tratan de conseguir ganancias electorales con el tema. El problema requiere soluciones multicausales. Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas… pero al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad. A pesar del sensacionalismo con que se suele tratar el tema y del interés de algunos sectores en ganar votos como sea, una parte considerable de la opinión pública está abierta a una discusión más amplia.
Una encuesta reciente en Argentina, donde las ideas mano dura crecen, reveló que el 37% de la población de Buenos Aires atribuía la inseguridad y su propia desprotección a la pobreza, la desigualdad social y la desocupación (Universidad de Belgrano, octubre de 2008). Un 30%, a la lenidad de la legislación. Si se logra elevar la calidad del debate, la sociedad defenderá una respuesta integral y no caerá en la trampa de la represión alegre. En muchos países de la región, políticas públicas acertadas, el esfuerzo de organizaciones pioneras de la sociedad civil y jueces ejemplares han logrado incluir a miles y miles de jóvenes en riesgo. Están en la misma línea que la sugerente experiencia de un juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, que ha logrado una recuperación de un 75% en menores que cometieron delitos. Declaró en una entrevista reciente: “Si no creemos que un chaval de 14 años puede ser reinsertado en la sociedad, estamos perdidos”.
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