El control de la conducta de los funcionarios públicos es esencial a un sistema republicano. Sólo así se concibe que unas pocas personas sean ungidas con poderes suficientes para manejar el patrimonio público de una sociedad, con tanta autoridad como para imponer y cobrar impuestos a sus semejantes y hasta para disponer normas que regulen sus actividades económicas, políticas y sociales y la organización de los servicios que recibirán.
Por eso, el control no sirve si es liviano o indulgente. Porque no está pensado para ser útil a los gobernantes sino a los ciudadanos.
Es la única contraparte que tiene el amplísimo mandato popular que permite a los elegidos rodearse de bienes, de poder, de asesores, tener gran cantidad de empleados a su disposición y ampararse en la protección de una guardia personal, que puede incluso mantenerlos al resguardo del contacto directo con sus representados en las ocasiones en que prefieran evitarlo.
¿Qué derecho tienen, entonces, el gobernador, sus ministros o los legisladores radicales a molestarse o cuestionar las críticas provenientes de un organismo de control?
¿Cómo podrían ellos, políticos por antonomasia, disponer que el control no pueda hacer un discurso "político" sino uno "técnico"? ¿Quién establecería tal diferencia?
El punto es: ¿puede el controlado poner límites al control sin, por ello, invalidarlo por completo?
La organización de un Estado democrático prevé la creación de organismos de control, que sólo hasta que son conformados dependen, en cierto modo, de los mecanismos de selección determinados por la estructura del poder. Una vez en funciones, el controlador deja de ser un "dependiente" del poder, cualquiera sea éste. ¿Cómo podría ser de otro modo?
Sucede que, en Río Negro, esta teoría no se aplica desde hace muchos años.
El severo informe realizado el viernes por la defensora del Pueblo ante la Legislatura provincial puso al radicalismo legislativo y a sus aliados en la más incómoda situación por la que atraviesan desde hace bastante tiempo.
En las reuniones internas, los bloques presididos por el radical Adrián Casadei, Claudio Lueiro, Inés Lazzarini, Osvaldo Muena y Magdalena Odarda actuaron tan abiertamente en contra de que la funcionaria se expresara en la Legislatura que quedaron muy expuestos en su actitud antidemocrática.
Lo mismo podría decirse de Fabián Gatti de Redes y Facundo López del Frente Grande, quienes sólo atenuaron su posición cuando vieron que de seguir respaldando al radicalismo podían sufrir una ruptura con sus compañeros de bancada.
En el marco de verticalismo y obsecuencia que es habitual en el actual gobierno, resultó meritoria la actitud que adoptaron el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, y el radical disidente Mario De Rege.
Sea por convicción o por no hallar el modo de impedirlo, Mendioroz permitió que la sesión continuara sin las ruidosas interrupciones que el radicalismo concretó en el primer tramo y que pretendía continuar realizando.
Y De Rege fue el único radical que se quedó en el recinto a escuchar las referencias de la defensora del Pueblo a la corrupción, la ineficiencia y la desidia del gobierno provincial.
El enojo del oficialismo hacia la tarea de la defensora del Pueblo deriva de un hecho incontrastable: la falta de costumbre al funcionamiento independiente de órganos de control verdaderos. Es la excepción, frente a la figuración vacía y vana de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas, que no dan ni un paso sin el permiso del gobernador.
Es indudable que la larguísima permanencia del radicalismo rionegrino en el gobierno ha terminado por alterar el punto de vista de sus principales dirigentes. De algún modo, se sienten dispensados de la obligación legal de rendir cuentas, no sólo a título individual sino también a nivel político, como integrantes de una gestión.
Por si hiciera falta recordarlo, Piccinini fue diputada provincial y nacional del radicalismo rionegrino. Fue el actual gobernador de ese partido, Miguel Saiz, quien la propuso para el cargo. Una Legislatura mayoritariamente radical la eligió. Y, desde ese momento, ella ha hecho lo que el cargo que ocupa le manda hacer. ¿Cuál es el problema entonces?
El problema, para los radicales rionegrinos, es que Piccinini les dice lo que muchos de ellos también piensan: que el gobierno de Miguel Saiz está pobre de ideas para mejorar la administración y gestión de los asuntos públicos, que tiene una actitud abandónica y que carece de planes a mediano plazo, tal vez con la sola excepción de los avances técnicos realizados en Educación y en algún otro organismo por las segundas líneas profesionales.
En realidad, lo único novedoso del discurso de Piccinini fueron sus referencias a irregularidades en la obra pública y a la presunta existencia de un pacto de impunidad del que formarían parte integrantes del Poder Judicial.
No obstante, la mayor gravedad institucional que enfrenta Río Negro excede el bochorno político que rodeó a la sesión del viernes. Se asienta en lo está por venir, en el severo cuadro de desfinanciamiento estatal que deberán enfrentar los rionegrinos, aun cuando el gobierno provincial lograra una bocanada de alivio proveniente de Nación o de la injustificable renegociación de los contratos petroleros.
Si, como dice Saiz, el 70% del presupuesto del Estado está destinado al pago de salarios, el único modo de garantizar los servicios públicos esenciales será eliminar la inversión, el mantenimiento y la planificación.
El margen de maniobra de los próximos gobiernos será, así, ínfimo. Y la calidad de vida de los rionegrinos no podrá menos que seguir deteriorándose.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario