Navidades siniestras (Por Gabrie García Márquez)

Navidades siniestras
El País, Madrid, 24 de Diciembre de 1980

Ya nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tantos estruendos de cometas y fuegos de artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para quedar bien por encima de nuestros recursos reales que uno se pregunta si a alguien le queda un instante para darse cuenta de que semejante despelote es para celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2.000 años en una caballeriza de miseria, a poca distancia de donde había nacido, unos mil años antes, el rey David. 954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable, y no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso sino social. Lo más grave de todo es el desastre cultural que estas Navidades pervertidas están causando en América Latina. Antes, cuando sólo teníamos costumbres heredadas de España, los pesebres domésticos eran prodigios de imaginación familiar. El niño Dios era más grande que el buey, las casitas encaramadas en las colinas eran más grandes que la virgen, y nadie se fijaba en anacronismos: el paisaje de Belén era completado con un tren de cuerda, con un pato de peluche más grande que un león que nadaba en el espejo de la sala, o con un agente de tránsito que dirigía un rebaño de corderos en una esquina de Jerusalén. Encima de todo se ponía una estrella de papel dorado con una bombilla en el centro, y un rayo de seda amarilla que había de indicar a los Reyes Magos el camino de la salvación. El resultado era más bien feo, pero se parecía a nosotros, y desde luego era mejor que tantos cuadros primitivos mal copiados del aduanero Rousseau.
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Todo aquello cambió en los últimos treinta años, mediante una operación comercial de proporciones mundiales que es al mismo tiempo una devastadora agresión cultural. El niño Dios fue destronado por el Santa Claus de los gringos y los ingleses, que es el mismo Papa Noel de los franceses, y a quienes todos conocemos demasiado. Nos llegó con todo: el trineo tirado por un alce, y el abeto cargado de juguetes bajo una fantástica tempestad de nieve. En realidad, este usurpador con nariz de cervecero no es otro que el buen san Nicolás, un santo al que yo quiero mucho porque es el de mi abuelo el coronel, pero que no tiene nada que ver con la Navidad, y mucho menos con la Nochebuena tropical de la América Latina. Según la leyenda nórdica, san Nicolás reconstruyó y revivió a varios escolares que un oso había descuartizado en la nieve, y por eso le proclamaron el patrón de los niños. Pero su fiesta se celebra el 6 de diciembre y no el 25. La leyenda se volvió institucional en las provincias germánicas del Norte a fines del siglo XVIII, junto con el árbol de los juguetes. y hace poco más de cien años pasó a Gran Bretaña y Francia. Luego pasó a Estados Unidos, y éstos nos lo mandaron para América Latina, con toda una cultura de contrabando: la nieve artificial, las candilejas de colores, el pavo relleno, y estos quince días de consumismo frenético al que muy pocos nos atrevemos a escapar. Con todo, tal vez lo más siniestro de estas Navidades de consumo sea la estética miserable que trajeron consigo: esas tarjetas postales indigentes, esas ristras de foquitos de colores, esas campanitas de vidrio, esas coronas de muérdago colgadas en el umbral, esas canciones de retrasados mentales que son los villancicos traducidos del inglés; y tantas otras estupideces gloriosas para las cuales ni siquiera valía la pena de haber inventado la electricidad.
Todo eso, en torno a la fiesta más espantosa del año. Una noche infernal en que los niños no pueden dormir con la casa llena de borrachos que se equivocan de puerta buscando dónde desaguar, o persiguiendo a la esposa de otro que acaso tuvo la buena suerte de quedarse dormido en la sala. Mentira: no es una noche de paz y de amor, sino todo lo contrario. Es la ocasión solemne de la gente que no se quiere. La oportunidad providencial de salir por fin de los compromisos aplazados por indeseables: la invitación al pobre ciego que nadie invita, a la prima Isabel que se quedó viuda hace quince años, a la abuela paralítica que nadie se atreve a mostrar. Es la alegría por decreto, el cariño por lástima, el momento de regalar porque nos regalan, o para que nos regalen, y de llorar en público sin dar explicaciones. Es la hora feliz de que los invitados se beban todo lo que sobró de la Navidad anterior: la crema de menta, el licor de chocolate, el vino de plátano. No es raro, como sucede a menudo, que la fiesta termine a tiros. Ni es raro tampoco que los niños -viendo tantas cosas atroces- terminen por creer de veras que el niño Jesús no nació en Belén, sino en Estados Unidos.

Pensamiento de Antonio Berni

"El pasatismo caduco o las modas temporarias han creado un panorama de confusión en medio del cual el pensamiento profundo, la calidad, la autenticidad se disgregan haciendo difícil, particularmente para el público poco advertido, descubrir cómodamente lo legítimo en el amontonamiento de superficialidades.

Los juicios presentados con gruesos titulares, de espíritu periodista, orientados por objetivos ideológicos o de influencia personales, se imponen al público por encima de la crítica seria, que por principio, no puede hechar mano a eso recursos. En esas discrepancias, mete la cola endiablada."

Antonio Berni en 1980.

Evíta, símbolo insoportable

Durante la protesta de la Federación Agraria entrerriana comandada por el líder sojero Alfredo De Angeli, en el 25° aniversario de la reimplantación de la democracia, pintaron de negro el busto de bronce de la compañera Evita que se encuentra en la explanada de la casa de gobierno de Entre Ríos. Acción cargada de denso contenido simbólico que expresa cabalmente qué se está dirimiendo en la lucha.
El ser humano no tiene una entidad determinada, fija, lograda, como los objetos. Es constitutivamente incompleto. Nunca es lo que es, siempre es lo que no es, y esto se aplica no sólo al ser humano individual, sino también y esencialmente al colectivo. Todo grupo humano transita el camino de su propia constitución, o sea, el de su identidad, que coincide con el de su propia creación.
La identidad es una tarea y un problema. En realidad, no existe la identidad, sino el proceso de identificación, en el cual juegan un papel fundamental los símbolos que, tanto en la historia del sujeto individual como en la del sujeto colectivo, aparecen hacia atrás como arquetipos y hacia adelante como ideales.
El vocablo “símbolo” tiene su raíz en el verbo griego symbállo, cuya traducción es “echar, poner juntamente, unir”, todo lo contrario de diabállo que significa “desunir, enemistar”. El símbolo une lo desunido, religa lo desligado. El símbolo es religioso o, al revés, la religión es simbólica.
El ser humano tanto en su realidad individual como en la colectiva se siente fracturado, desligado, a causa de lo cual su vida no tiene sentido o, en otras palabras, no logra identidad. La construcción de su propia identidad es, al mismo tiempo, la construcción o reinterpretación de determinados símbolos. Toda construcción subjetiva es al mismo tiempo una construcción simbólica y, como los símbolos son polisémicos y en consecuencia expresan identidades diferentes, en torno de ellos siempre hay una lucha hermenéutica.
Los símbolos se reinterpretan, pero no siempre ello es posible. Ciertos símbolos, debido a determinadas experiencias, a veces traumáticas, no pueden ser reinterpretados. Es el caso de la cruz svástica. De por sí, este símbolo no significa “genocidio”. Es la experiencia traumática del nazismo la que, para Occidente, le dio ese significado que torna imposible su resignificación para proyectos liberadores.
Evita es un símbolo insoportable para determinados sectores sociales que persisten en el gorilismo oligárquico que fue marcado a fuego por la Evita histórica, la del primer peronismo. Es lo que claramente mostraron las huestes del sojero De Angeli al pintar de “negro” el busto de la que fuera la “abanderada de los humildes”. Precisamente los “negros” son los humildes.
Buzzi buscó desligarse de semejante gorilismo, pero en vano, pues ya había afirmado previamente que estaba con la “cara pintada”, cuya finalidad era y es, como lo declaró terminantemente, “desgastar a este gobierno”.

Por Rubén Dri
* Filósofo, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Tapar el sol (Por Alicia Miller)

Si la política pretende transitar atajos, entra en terreno pantanoso. A los manotazos, el gobierno busca tapar varios frentes a la vez.
La administración de un Estado involucra funciones técnicas y otras políticas.
Hay campos y temas en los que actúan esas dos fuerzas. Pero no significa que una pueda cumplir la función de la otra. Cada una aplica su propia lógica. Tienen un objeto diferente. Distinta finalidad. Pueden superponerse, no excluirse.
La política no puede desplazar de su lugar a la ley, a las normas administrativas, a la administración de Justicia, al conocimiento profesional, a la responsabilidad...
La política no es el Estado, como tampoco lo era Luis XIV, el rey francés que acuñó la frase "l´État c´est moi".
Sin embargo, el gobierno de Miguel Saiz pretende solucionar todos sus problemas mediante la política. Y no sólo genera enojo sino que trastrueca los más elementales conceptos de un sistema republicano, que, entre otros, son: que haya un gobierno elegido por el voto y de acuerdo con la ley, con separación de poderes que actúen como control y contrapeso, que rija la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y que tanto gobernantes como gobernados se sometan al imperio de las normas.
Si la política pretende transitar por atajos que desconozcan estos principios, ingresa en terreno pantanoso. Se sale de la ley y del sistema al que pertenece.
La política, entonces, es el instrumento mediante el cual pueden conciliarse ideas antagónicas, resolverse conflictos de opinión, definirse prioridades y planes. Pero no un escudo tras el cual el Estado y los funcionarios puedan evitar regirse por normas escritas y predeterminadas.
- La falta de medicamentos oncológicos, por ejemplo, no es un problema político. Es un tema técnico. Fáctico. Alguien debió prever, comprar y controlar, y no lo hizo o equivocó las previsiones. El argumento de que el problema obedece a que la droguería Gavazza fue excluida del registro de proveedores no resulta convincente. ¿Por qué no comprar, entonces, a los laboratorios que fabrican las drogas, o a droguerías más grandes que aquella? Las proveedoras son, ahora, pequeñas droguerías sin capacidad para garantizar el stock, según admitieron los funcionarios. Un problema técnico que deberá resolverse técnicamente.
- Establecer si se violó la ley al pagar una obra antes de que se hiciera y aun antes de que se asignara el terreno no es una cuestión política, sino técnica. Y debe solucionarse aplicando la ley.
- Determinar si el legislador Daniel Sartor se enriqueció en forma injustificada o no, es un tema técnico, no político. Pero privilegiar una investigación parlamentaria en lugar de la técnica que prevé la ley -a cargo del fiscal de Investigaciones Administrativas-, busca dilatar y eludir una norma.
- La actuación del juez Pedro Funes en la causa por irregularidades en los contratos de alimentos que proveían Masily y Flavors al ministerio de Familia no es un problema político, sino técnico. Las funciones de un juez y el marco en que debe desempeñarlas están previstos en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Establecer si su conducta se apartó o no de ellas sólo puede surgir de un dictamen técnico, aun cuando la resolución final sobre si merece sanción, y cuál en su caso, está en Río Negro en manos de un órgano con participación política: el Consejo de la Magistratura.
Sobre Funes, la fiscal recurrió a la Cámara porque advierte que actúa con parcialidad en beneficio de los directivos de Flavors, y -en dañosa señal- el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini, propuso dejarlo en exclusiva al frente del expediente. ¿Darle más tiempo cuando nada hizo en cuatro meses?
El bloque del partido Justicialista pidió una auditoría para ver si el juez actuó bien en la causa. Y la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, pidió el juicio político al magistrado. Pero el primer reclamo fue desestimado rápidamente por el Consejo de la Magistratura y el segundo postergado y subordinado a un dictamen jurisdiccional. Sin investigación ni dictamen técnico. Políticamente.
Cerrar la investigación no va a dar más prestigio al juez Funes ni más transparencia al expediente. No aumentará la confianza en la política ni en las instituciones.
Sobre todo, cuando por la denuncia de la defensora del Pueblo se conoce en detalle la compleja maniobra que vincula a funcionarios y empresarios.
La gente comprende muy bien que el hecho a investigar no es si la leche fue nociva para la salud sino si hubo falsificación en que nunca cumplió con los requisitos de calidad y aptitud nutricional que consignaban la licitación y el rótulo de la mercadería.
Ya nadie ignora que la empresa Flavors fue habilitada como fraccionadora de alimentos pero se le otorgó una exención impositiva por la ley de Promoción Industrial que sólo es aplicable a las plantas elaboradoras y para la cual no reunía los requisitos. Ejemplo: en 2006 prometió tomar empleados y el propio Estado rionegrino la sancionó porque los tenía en fraude laboral hasta este año.
Se han visto facsímiles y pruebas de la resolución por la cual Salud Pública homologó en favor de la fraccionadora Flavors productos que en San Luis producía Masily, pretendiendo transmitir roles y figuras societarias en un procedimiento técnicamente reprochable y generador de responsabilidad.
La gente vio pruebas de falta de solvencia, de antecedentes fraguados, de cheques rechazados, de pagos realizados por el Estado rionegrino utilizando a terceros para burlar a los acreedores de Masily, concursada en San Luis...
Nada de esto podría haber sucedido sin una decisión política. Tantos son los organismos involucrados en los trámites que resultaría absurdo pretender una epidemia de errores o distracciones casuales.
El juez Funes no vio, hasta el momento, razones para actuar, a pesar de los múltiples pedidos realizados por la fiscal Daniela Zágari. El Consejo de la Magistratura no advirtió en tal actitud nada reprochable. Y Balladini quiere dejarlo a solas con la causa.
Por el momento, las cosas no podrían estar peor en la búsqueda de que la tan mentada igualdad ante la ley no haga diferencias entre poderosos y gente común.
El único aliciente fue, esta semana, el respaldo que la procuradora del Poder Judicial, Liliana Piccinini, brindó a la fiscal Zágari, al expresar que no necesitaba refuerzos y que ha cumplido en tiempo y forma con su labor.
Ahora, los ojos están puestos en qué dirá la Cámara de Apelaciones, que debe analizar el recurso mediante el cual la fiscal objetó que el juez haya notificado a los directivos de Flavors de cada prueba ingresada al expediente, aun cuando no han sido constituidos como parte ni indagados como imputados.
En conjunto, la situación planteada es de tal gravedad que amenaza enlodar a integrantes de los tres poderes del Estado provincial.
Dando manotazos al aire, el gobierno busca tapar problemas, pero a cada paso sus esfuerzos se ven superados por la realidad.
El gabinete advierte el bochorno de que el gobierno trascienda más por sus escándalos que por sus aciertos. Pero no le alcanzan las manos para tantos frentes.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar

Para los fachos que trabajan de otra cosa (Por Jorge Pinedo)

Apuntes sobre algunas recientes campañas de prensa, sus estereotipos y cómo unos miran a los otros.

No lo saben, pero lo hacen
Karl Marx, El Capital, cap I.

En cuanto bajaron de los barcos, en el siglo XVI, los conquistadores españoles no demoraron en tildar a los pueblos originarios que habitaban el continente americano de salvajes, impíos, promiscuos, en fin, multitud de calificativos. Lo que en la actualidad se denominaría autobombo, versión autorreferencial de una campaña de prensa casera. Ignoraban, entre tantas otras cosas, que con aquellos epítetos, por oposición, se estaban definiendo a sí mismos como adalides de la civilización, portadores de la verdadera fe, defensores de la auténtica moral, en ese orden. Nada muy diferente del discurso de los dictadores cuando hablaban de subversivos, apátridas, ateos, marxistas, etc., que los colocaba como representantes de la legalidad, patriotas, defensores de la única fe, fascistas, neoliberales; es decir lo que resume el eslogan occidental & cristiano y lo que la historia se encargó de demostrar. Magia berreta de los antónimos que el pensamiento riguroso hace herramienta de conocimiento al definir enunciado y enunciación. Algo así como “dime lo que dices del otro y descubrirás tu alma”. Como los toscos invasores de hace cinco siglos o la torpe milicada reciente, no es improbable que quien se lance a calificar con tamaña vehemencia ignore hasta qué punto se desnuda el propio pensamiento. Inconsciencia que en absoluto releva la responsabilidad.
Con ribetes nada trágicos, la herramienta supo ser aplicada a partir de los ’70 para analizar las telenovelas que, en su pretensión realista, mostraban cómo un sector social (la pequeñoburguesía que proveía de guionistas) veía a las restantes clases. De tal modo, una supuesta aristocracia estaba poblada por señores de corbata y batas de seda tomando whisky, los trabajadores eran pobres pero honrados, los malvivientes tenían pinta de tangueros y los intelectuales nunca zafaban de la polera negra y el aire tuberculoso. Caricaturas al fin, pero didácticas a la hora de describir un espectro cultural en épocas donde no era preciso parecer políticamente correcto y Alberto Migré fundaba entrañables estereotipos.
En estos tiempos de espectro social descuajeringado y batallones de escribas detrás de cada tira televisiva, la impronta ideológica resulta más transparente en los contenidos de la publicidad. Como los taxistas y remiseros en su mayoría expulsados de la producción formal, el gremio de los creativos publicitarios (como los periodistas, odontólogos y telemarketers) obtiene personal proveniente de los sectores aledaños a la clase media para reunirlos en una suerte de etnia transitoria ritualizada en el consumo fashion, convencida de que crean tendencia. Si bien hay piezas publicitarias que rozan –hay que reconocerlo– la obra artística, buena parte son al menos ingeniosas. No en vano la publicidad argentina está caracterizada como una de las más creativas del mundo... por los propios publicitarios. Sin restarle eficacia, talento y hasta belleza, muchas si no todas de estas piezas muestran en sus contenidos la hilacha ideológica. No exclusivamente del equipo creativo que las produjo, pero sí de una franja de la sociedad que tanto le da cabida como la legitima en forma acrítica. Colectivo social formado durante el menemismo (en tanto materialización de los ideales de la dictadura) y regado por el neoliberalismo, acaso sin saberlo transmite pautas, criterios, modelos. Pues la publicidad se desempeña, al menos, en dos planos. Por un lado está su producción manifiesta: la pieza publicitaria, el comercial como materialidad con su factura técnica, su argumento, su estética, soporte y eventual eficacia; su producto, destinado a ser objeto de intercambio en el mercado. Por otro emerge lo que reproduce: el universo ideológico en el que conjunto está inmerso, la idea que los productores tienen de sí mismos y de su relación con el mundo. Repasemos algunos botones de muestra.
Dentro de lo más light en pantalla, el comercial “Invisible” del Peugeot 307 (de la agencia multinacional RSCG) hace uso tanto de la última tecnología como de un dispositivo neurótico tendiente a ahuyentar el displacer. Los resultados son deslumbrantes. De la escena callejera se esfuman todos los medios de transporte, a excepción del auto que promocionan, con lo cual éste resume el conjunto de posibilidades de lo estético, ligado a lo placentero. Quitar lo que sobra y agregar lo que falta es la premisa que se agazapa como regla para lo cotidiano. Recorte de la realidad que niega una parte y ensalza otra, en forma semejante –salvando las abismales distancias– a cuando el dictador tucumano Antonio Domingo Bussi dispuso arrojar a los menesterosos fuera de las fronteras provinciales. Ni por asomo puede endilgarse a los creativos de RSCG ni a la marca francesa semejantes intenciones, muy por el contrario. Por los medios a su alcance resultan meros transmisores de un esquema que les antecede y dentro del cual habitan. La invisibilización cobra otra significancia en una cultura que sostiene semejante política con las minorías.
Menos naïf, más explícito es el comercial –hasta hace muy poco en el aire– concebido por la agencia Vegaolmosponce para el agua Eco de los Andes. Un trío de alegres ancianos –juventones, diría Gombrowicz– despliega envidiable vigor al trotar por escarpadas sierras. En un recodo divisan un auto detenido, descompuesto, con su joven conductor oteando por ayuda mientras en el interior se insinúa una figura presuntamente femenina, estática. Los viejitos se miran entre sí, toman ramas del suelo a modo de bastones y pasan simulando achaques junto al coche detenido, sin prestarle auxilio, claro. Una vez traspuesto el campo visual del joven conductor en problemas, los veteranos arrojan sus bastones y, entre risitas de burla, continúan con el footing. Paradigma de todo lo opuesto a la solidaridad, miserable sorna hacia el caído, apología de la más ventajera viveza criolla –en sentido borgeano–, hace de la impostura, cátedra. En tanto anécdota, rebasa el plausible juicio moral individual para legalizar en el foro unidireccional mediático una conducta. Relicto de esa porción de la estética menemista según la cual el individuo se eleva forzando el descenso del semejante, logra la proeza de hacer triunfar en lo catódico lo que los genocidas perdieron en lo político.
El grotesco es un género que se mofa de sí mismo sin desmentir lo que propone. Acaso en tal renglón pueda inscribirse el tríptico realizado por la agencia BBDO Argentina para la bebida energizante Gatorade. El esquema se reitera en los tres comerciales que se emiten en forma alterna por la TV abierta bajo un eslogan que se hace consigna política al articularse con las imágenes: “Para los jugadores de fútbol que trabajan de otra cosa”. Muestran, respectivamente, un tiernísimo maestro de jardín de infantes cantándoles a los niñitos, un adusto médico conferencista, un psicólogo aconsejando a una pareja. Intercalado a estas escenas, los tres varones argentinos participan de un sanguinario partido de fútbol. Trampean, roban pelotas, agreden, pegan, destruyen objetos, niegan sus faltas, ventajean a sus propios compañeros de equipo, discuten al árbitro lo indiscutible: un catálogo del doble discurso, tan caro a la corporación política vernácula. Sumado a un individualismo sin fisuras, el fútbol (la competencia en general y el deporte en particular, por extensión) es el escenario elegido donde se suspende toda norma de convivencia y pasa a prevalecer la ley del más fuerte. Darwinismo social que despliega la trampa de alojar en el orden natural lo que es arbitrio de la cultura. Más aún: el maestro (el que detenta el saber) cantor frente a sus alumnos, el catedrático de medicina (nada menos que el cuerpo entre la vida y la muerte) ante su público, el psicólogo (depositario de los meandros indecorosos) con sus pacientes, reproducen la posición del amo, y desde ese podio se autorizan a perpetrar estragos aun fuera de sus prácticas específicas, jugando a la pelota. (Luego, al calor del hogar, alguien se rasga las vestiduras parloteando sobre la violencia en las canchas.) Es entonces el lugar de quien detenta el poder omnímodo el que legitima cualquier verdura y, por sobre todo, su condición de amo, patrón, jefe, soberano, jefe, capanga, profesor titular o cabo primero.
Imaginar a la publicidad como un sujeto parado en un lugar de la corteza de este canino planeta en un tiempo determinado opera al modo de espejo, a veces deformante, algo opaco –es cierto–, que no refleja a nadie en lo personal pero sí a un conjunto en particular. Ejercicio que hace de la simple visión una mirada, fortifica el vapuleado músculo de la libertad, indispensable a fin de evitar deglutir sin al menos masticar los pucheros de sapo que tan apetitosos parecen detrás de cada vidriera.

* Antropólogo, psicoanalista, UBA.

Orden de prioridades (Por Alicia Miller)

El Estado es una organización compleja. Sus muy diversas dependencias abarcan prácticamente todas las áreas del interés humano. Y las acciones encomendadas a los dirigentes que cumplen funciones de jerarquía en él responden a esa misma complejidad, al combinar aspectos técnicos con otros políticos. Esto, a su vez, pone en juego las distintas facetas de una personalidad, en su doble dimensión individual y social.
Gobernar -de esto hablamos- consiste entonces en un universo de acciones, decisiones y opiniones que deben tender al equilibrio en el manejo de conflictos, proyectos y recursos.
Se parte del caos y del hoy. Se tiende a la armonía y a la realización de mejoras futuras. Para esto, se impone establecer un orden de prioridades que haga posible que lo urgente no relegue lo importante, y que ambos dejen espacio para imaginar el futuro, teniendo como meta el bien común.
Eso es la teoría.
Ahora bien, el gobierno que Miguel Saiz conduce desde hace cinco años en Río Negro no muestra su "hoja de ruta", es decir la lógica según la cual ordena su orden de prioridades.
Y lo que puede deducirse de las acciones, decisiones y opiniones de sus integrantes dista bastante de integrar un corpus compatible con la búsqueda del bien común. Salvo que por tal se entienda la suerte del propio equipo de gestión.
Es sabido que en épocas de carestía es cuando más evidentes se vuelven los desequilibrios en la asignación de recursos, que es el modo en que se traduce en la práctica la prioridad que un gobierno otorga a cada sector dentro del conjunto del complejo universo del Estado. Y, tras un desaprovechado verano de las cuentas públicas, la crisis muestra su cara:

-El hospital de Bariloche acaba de suspender las cirugías programadas, porque no puede garantizar un rango técnicamente aceptable de riesgo por falta de material descartable, ausencia de medicamentos, por el desaliento de su personal por bajos salarios y la fatiga derivada de la sobrecarga laboral. Las mucamas acaban de revelar que desde hace 20 años realizan tareas que corresponden al personal de enfermería y, no sólo no perciben remuneración acorde, sino que temen quedar desamparadas ante complicaciones en la salud de los pacientes.
La problemática no es nueva. El colapso del viejo edificio derivó en que, hace años, se resolviera la construcción de una nueva ala que -inaugurada para las fotos- está vacía y espera ser habilitada. Pero, esté donde esté, es impensable que puedan atenderse las necesidades de una población creciente si se le envían cada mes 150.000 pesos menos de lo que se previó el año pasado en el Presupuesto.

-En el hospital de Viedma, el defensor del Pueblo adjunto, Ignacio Gandolfi, acaba de señalar que el pobrísimo sistema de turnos que sufren 9.000 personas cada mes consiste en un programa "casero" armado por un empleado en 1995 -¡¡hace 13 años!!- en dos viejas computadoras, que funciona en DOS.

-Algo similar sucede en el Ipross, que no tiene una base de datos que le permita brindar un servicio ágil a sus afiliados, prevenir abusos y generar un sistema de estadística que oriente la toma de decisiones para evitar que lleguen tarde y mal.

La cuestión no puede ser interpretada como casual.
Hasta en las escuelas, afortunadamente, los chicos aprenden a usar computadoras, y la vida cotidiana está hoy tan completamente atravesada por la informática que resulta increíble que el Estado rionegrino no posea un programa unificado para que los establecimientos que de él dependen puedan asignar turnos y almacenar historias clínicas de las personas que atienden, e incluso de comunicarse a través de internet.
-Y si la salud debería ser una prioridad, en igual posición deberían encontrarse los niños que, por razones económicas o de riesgo físico o moral, están bajo la custodia del Estado. Las carencias del hogar Alfonsina Storni de Roca y los graves situaciones denunciadas en los CAINA de Viedma y Sierra Grande resultan hechos insoportables para toda persona que pretenda vivir en paz con su conciencia.
En base a éstos y otros ejemplos, resulta evidente que la prioridad del gobierno está lejos de estos temas.
Sólo así se entiende que las preocupaciones del gobernador Saiz oscilen entre la interna de la UCR y la irritación que le produce la actividad que despliega la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en cumplimiento de sus funciones. Y que haya pretendido reducir el "caso Flavors" a un desacuerdo personal, o a un desfase técnico sobre los cristales hallados en la leche, sin considerar el tremendo escándalo de revelaciones sobre insolvencia técnica y financiera, tratamiento preferencial e incumplimiento impositivo y laboral de una contratista beneficiada en forma irregular por al menos cinco áreas de su gestión.
Pero, lejos de tomar el caso con seriedad, hasta el momento se advierte que varias instancias de los tres poderes han adoptado sobre la cuestión una actitud diluyente.

-El Poder Legislativo recibió el pedido de investigar si el legislador Daniel Sartor incurre en enriquecimiento injustificado. Ante eso: encargó un sumario a una persona no exenta de vinculación con el poder político y con un plazo que llevará las cosas hasta más allá del verano.

-El Poder Judicial recibió el pedido del PJ de auditar lo actuado por el juez Pedro Funes ante la sospecha de que elude adoptar las medidas sugeridas por la fiscal. Ante eso: encargó al auditor general un informe instantáneo, sin darle tiempo de ver siquiera el expediente.

-El Poder Ejecutivo tomó sólo una medida: reprochó severamente a la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Olga Alonso, por haber suministrado la información a Piccinini sin dar previo aviso al gobernador. En lo demás -ya se sabe- definió que no habrá renuncias ni investigación de responsabilidades en Familia, Salud ni Hacienda. Y punto.

Esta semana, ante el tribunal que lo juzga por coimas, el ex titular de Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen, pretendía convencer a los jueces de que su actitud bonachona -y no la intención de delinquir- generó el depósito de 10.080 pesos que hizo en su cuenta el concesionario a quien debía controlar, y la compra de una empresa sello para el amigo del hijo del gobernador.
Es probable que esa confusión entre lo público y lo privado sea esencial al grupo que conduce la provincia desde 1983.
Lo preocupante, en todo caso, es que no haya habido hasta el momento una reacción social e institucional que evitara o sancionara tamaña costumbre política, en honor a la prioridad que implica atender las tareas propias de un Estado.

Alicia Miller
amiller@rionegro.com.ar

Política y riqueza (Por Alicia Miller)

El pedido de la defensora del Pueblo de que se investigue si el enriquecimiento del legislador Daniel Sartor está por encima de lo que justificarían sus ingresos y los de su grupo familiar crispó el ánimo del grupo gobernante.
La conmoción fue superior a la que se advierte por el indefinido destino de los comedores escolares, las carencias en los hospitales o la paliza que le causó la muerte a un preso esposado en la cárcel de Roca.
El bloque de la Concertación convocó a la prensa esta semana para "defender" a su presidente. Pero no hay tal ataque sino una duda razonable basada en una importante cantidad de indicios. No es una injuria ni un trascendido en las sombras.
La presentación de Piccinini incluyó informes brindados en forma oficial por organismos del Estado rionegrino y de la Nación que permiten suponer una prosperidad que envidiarían varios empresarios de la provincia.
Conviene recordar que la actividad política se basa en la atención y administración de los asuntos del conjunto. Por eso, es lógico que quienes se ocupan de ella lo hagan movidos por vocación de servicio e inteligencia estratégica, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos, sobre todo de los sectores más débiles de la sociedad.
Si las funciones políticas son remuneradas es, precisamente, para que esa actividad no resulte excluyente ni que sólo puedan dedicarse a ella quienes posean rentas o fortuna personal. El pago de la política debe, por tanto, equivaler al ingreso que lograría la persona en la actividad privada, en una tarea acorde con las aptitudes y conocimientos que se esforzó por poseer a través del estudio o el trabajo.
Pagar los cargos públicos persigue el objetivo de beneficiar a la sociedad, permitiendo que las personas más aptas puedan dedicarse a la política sin someterse a necesidades ni verse tentadas a corromperse para resolverlas.
No busca, de ningún modo, permitir un enriquecimiento rápido, fácil y sin controles. Si así fuera, el resultado sería exactamente el opuesto al buscado.
Si la política permite a alguien enriquecerse sin trabajar ni rendir cuentas, es lógico que esa actividad atraerá no a las mejores sino a las peores personalidades, aquellas poco propensas al esfuerzo y a la solidaridad que implica pensar en el prójimo -el contribuyente- que es quien paga la cuenta.
Pedir explicaciones sobre el patrimonio de quien accedió a un cargo público no debería ser algo excepcional. No equivale a una injuria ni se corresponde con una acusación penal.
Por eso, resultó llamativo que, ante el pedido de Piccinini, la reacción orillara el espanto.
Antes, tres emisarios de primer nivel intentaron disuadir a la funcionaria de la presentación: los ministros de Educación y de Hacienda y el senador Pablo Verani hablaron sin éxito.
Y, en la conferencia de prensa, Sartor dijo sentirse perseguido. Pero sólo puede perseguir el poderoso. Y la Defensoría del Pueblo no tiene otro poder que el de investigar, denunciar, sugerir, solicitar... Carece de facultades para castigar.
La cuestión, como está visto, pasa por otro lado: si Sartor declaró en el 2001 bienes que no generaban renta y que sumaban un valor de $ 200.000, y -tras siete años de ejercer cargos públicos- tiene propiedades que multiplicarían por diez esa cifra, haría bien en cambiar de estrategia.
Se equivoca si supone que el aval de su bloque le bastará para beneficiar su situación real o mejorar su imagen pública.
En realidad, su empeño debería estar puesto en pedirle al vicegobernador que inicie cuanto antes la prevención sumarial que prevé la ley de Ética Pública, y se lo habilite a hacer su descargo para demostrar que no mintió en la declaración del 2001 ni en la del 2003 y que puede justificar, peso a peso, con qué dinero compraron él y sus familiares las propiedades que hoy poseen.
Ademas, lejos de beneficiarlo la conferencia de prensa, sus propias palabras generaron nuevas dudas.
? Admitió que no presentó la declaración jurada al asumir como legislador en diciembre del 2007. Por lo tanto, desde el 10 de enero no debió percibir sueldo o dieta, ya que esa sanción prevé el artículo 8 de la ley 3.550 para tal incumplimiento. Esto, además de la responsabilidad funcional y económica que pesaría sobre el Tribunal de Cuentas por no haber retenido el ingreso, intimado la entrega, ni tramitado la cesantía en caso de haber persistido la rebeldía.
? Dijo además que no declaró los lotes comprados antes de ingresar a la función pública porque no tenía sobre ellos escritura sino boleto de compraventa. La escritura otorga dominio pleno, pero el boleto sellado y con fecha cierta es suficiente para acreditar propiedad. Prueba de ello es que, si alguien se reivindicara dueño de esos terrenos, Sartor ganaría el juicio presentando ese boleto de compraventa sellado y con fecha en los años ´80. Son suyos, por lo tanto, debió declararlos.
? Justificó no haber actualizado la declaración jurada sumando las mejoras en sus propiedades o la compra de otras nuevas indicando que figura "donde corresponde, que es en la AFIP". Ese organismo tiene una función recaudadora nacional, pero no dirime la legalidad de la compra ni exime a Sartor de sus obligaciones para con las normas provinciales, tanto éticas como fiscales respecto del impuesto Inmobiliario.
? Invocar que vendió un auto para exculparse por no haber declarado su compra es burdo y no amerita respuesta.
En fin. De algún modo, y pese a la conmoción que desató en su gestión, el principal beneficiado por la presentación de Piccinini fue el gobernador.
Por unos días, Miguel Saiz dejó de ser el centro de atención, tras el desgaste sufrido en la defensa del grupo que proveyó durante diez años los alimentos sociales, y que gozó de la condescendencia de quienes debían controlar la sanidad de los productos y la legalidad de los contratos.
Para alivio de Sartor y malestar del mandatario, el desfinanciamiento que ya se advierte en el Estado -por la crisis y las políticas nacionales- no tardará en modificar el panorama.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar

Evidencias (Por J.M.Pasquini Durán)

La evidencia estridente del carácter ideológico-político de la hostilidad antigubernamental, pese a los distintos disfraces que utiliza, la proporcionó el sitio “on-line” del matutino La Nación, tribuna dogmática del antiperonismo, cuyos redactores deben referirse al golpe de Estado de 1955 sin comillas y con las primeras letras en mayúscula cuando escriban “revolución libertadora”, y cuyo lenguaje editorial por años mencionó a Juan Perón como el “tirano prófugo”.

Pese a esos antecedentes, esta semana reprodujo en texto y video fragmentos de un discurso de 1973 del fundador del justicialismo que condenaba el saqueo de las cajas de jubilaciones por el gobierno de los “libertadores”, usando la cita como argumento suplementario al rechazo actual, treinta y cinco años después, de la decisión de la presidenta Cristina de unificar al régimen previsional en el sistema solidario de reparto del Estado. De donde el diario centenario de los Mitre resultaría el severo guardián de la pureza doctrinaria del peronismo, sugiriendo que el actual gobierno la estaría traicionando. En algo no le falta razón al matutino porteño: los privatizadores de los años ’90 eran peronistas del menemato y realizaron el saqueo en nombre de la presunta modernización del legado partidario.
Como sucedió con otras privatizaciones, la del sistema previsional fue un excelente negocio para algunos grupos económicos que se apropiaron del bocado leonino y pésimo para la salud fiscal de la nación. Un estudio sobre “La cuestión tributaria en la Argentina” de julio de 2005, advertía sobre las consecuencias: “Si se suman los efectos de las desgravaciones de cargas patronales nacionales (el más importante de los recursos cedido por las políticas de ‘devaluación fiscal’) y la cesión de recursos públicos a favor del nuevo sistema de capitalización instituido desde mediados de 1994, el total de los ingresos que el Estado nacional dejó de percibir sumó unos 63.000 millones de pesos constantes durante el período 1994-2001, equivalente a un promedio anual de unos 2,8 puntos del PBI. En otras palabras, el drenaje de estos recursos explicó la mayor parte (casi las tres cuartas partes) del desbalance fiscal de ese período” (Cefid-AR, J. Gaggero y F. Grasso, 2005).

El cálculo abarcaba la mitad del período de funcionamiento de las AFJP, por lo que no es exagerado redondear, como hizo Amado Boudou, titular del Anses, para estimar en 100.000 millones el costo para el Estado de catorce años de jubilación privada. A esta altura, además, el Tesoro público tenía que aportar 4000 millones anuales para completar el mínimo jubilatorio del régimen de capitalización. En las actuales circunstancias críticas mundiales, cuando hace falta blindar las finanzas nacionales, ¿sería sensato seguir soportando semejante hemorragia? Nadie puede negar que hay razones valederas para desconfiar de la administración estatal después de décadas de malversación y fraude de los fondos previsionales.

Antes de Kirchner, hacía doce años que los jubilados no recibían ningún reajuste en sus haberes. En los últimos cinco años fueron actualizados trece veces y acaba de sancionarse una ley que establece la movilidad automática dos veces por año para que no dependan de la discrecionalidad de ningún gobernante. En la próxima ley del sistema integrado de previsión, los congresistas tendrán que incluir los recaudos necesarios para evitar que el día de mañana no reaparezca la tentación de meter mano en esa caja para cubrir gastos generales. Sería mejor, sin duda, que las previsiones legislativas pudieran abarcar la dimensión completa del problema, cuyas repercusiones llegan hasta la coparticipación federal, y que el futuro sistema fuera instalado en un Estado reformado y de verdad modernizado a la altura de los tiempos. Debería ser así, a lo mejor, pero no siempre lo bueno va de la mano con la excelencia. Es lo que hay, por ahora, y vale la pena recuperar al sistema para los principios de origen basados en el concepto de la solidaridad social.
Ya que se trata de una reforma estructural, según la presentación presidencial, algunos críticos sostienen que debería tomarse el tiempo necesario para abrir un vasto debate y una prolongada reflexión. En tiempos normales el razonamiento tiene validez plena, pero con ese criterio el Congreso norteamericano debió esperar al nuevo presidente para decidir sobre las medidas extraordinarias y multimillonarias dedicadas al rescate de gigantescas corporaciones que estaban derrumbándose con más ímpetu que el Muro de Berlín. Hay momentos en que esperar por la cirugía puede costar la vida del padeciente. Otros invocan la seguridad jurídica, pero vale en este caso recurrir otra vez a los datos de la historia. Un estudio sobre “El proceso de privatización en la Argentina”, avalado por la Universidad Nacional de Quilmes, deja constancia del asunto: “La tan declamada ‘seguridad jurídica’, particularmente en el ámbito de las privatizaciones, parecería quedar en un segundo plano cuando se trata de preservar las rentas de privilegio de las que gozan las empresas de servicios públicos, en detrimento, cabe resaltar, de la ‘seguridad jurídica’ de los usuarios” (D. Aspiazu y otros, edit. PáginaI12, 2002). ¿Acaso el régimen de capitalización no podía ser considerado un servicio público? Por lo demás, tal como se puede ver en estos días, cuando se desploma el libre mercado, lo único que queda en pie siempre es el Estado con la obligación de reiniciar el ciclo.
Los que en estos días opinan que la iniciativa previsional del Gobierno debilita el mercado de capitales, deberían escuchar un poco a Roberto Mangabeira Unger, ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil desde hace un año y medio, filósofo, jurista y profesor de Harvard, con 61 años de edad y acento norteamericano en sus palabras: “Debemos intentar salvar la producción y no los bancos”. Tiene una visión optimista del porvenir: “Después de la crisis, los países de la región tendrán la posibilidad de acoplarse a un nuevo orden mundial para un auténtico desarrollo”. El ministro de Lula se declara de izquierda, pero la posibilidad del nuevo orden también la formula el conservador francés Nicolas Sarkozy y el mismísimo George W. Bush convocó a una reunión internacional, a la que está invitada la presidenta Cristina, para intercambiar opiniones sobre lo que será del mundo después del terremoto. Mangabeira mira el futuro con advertencias: “Hay que mantener el nivel de crédito, sin prejuicios ideológicos, como está haciendo Estados Unidos, que demuestra otra vez que ellos son libres de los prejuicios ideológicos que les recomiendan a otros”. Entre las opiniones del ministro que circularon esta semana por el ciberespacio, incluyó un juicio crítico sobre el Mercosur y Unasur: “Les falta corazón y cerebro. Queda claro cuando los comparamos con la Unión Europea (UE). La esencia de la UE no es el comercio ni el dinero; es un ideario, en tanto nosotros dedicamos menos del uno por ciento del tiempo a discutir ideas”.
La crítica se ajusta a la realidad de la política criolla, aunque no haya sido dirigida en particular. El Gobierno toma iniciativas tan importantes y atendibles como la reforma previsional, pero luego, cuando se desata el temporal de críticas fabricadas por los recursos y las influencias mediáticas de los grupos económicos que pierden la rentabilidad privilegiada que les regalaron en los años ’90, el Gobierno pierde fuerza porque su aparato político no se mueve. La presidenta Cristina, como antes lo hacía Néstor, tiene que salir cada día a repetir argumentos a favor de sus propias iniciativas. Así, las batallas por el corazón y la conciencia de los ciudadanos –como ocurrió durante el conflicto con “el campo”– quedan a merced del bombardeo en los medios, compensado sólo con cinco o diez minutos diarios de la voz presidencial. El Gobierno carece de una adecuada política de información y de formación de opinión pública. La oposición poco contribuye al debate de ideas, porque en general reacciona con piloto automático. Es previsible que el PRO y la Coalición Cívica, que disputan la representación del centroderecha, se opongan a cualquier iniciativa gubernamental de carácter progresista, pero que la Unión Cívica Radical se oponga a un proyecto que atiende a su posición tradicional contra el régimen de capitalización, sólo para estar en contra, no tiene justificación ni lógica políticas, sobre todo cuando ese partido pretende celebrar el próximo 30 la refundación democrática, un compromiso de todos, que comenzó en el año 1983, como si fuera un mérito individual.
El PRO no sólo se opone a los proyectos del oficialismo para ganarse el liderazgo de la derecha: sus políticas en la ciudad, en particular hacia la educación pública, corresponden más con los años ’90 que con la actualidad. Mientras Mauricio Macri dice en la tele que quiere recuperar la excelencia de la escuela pública, elimina becas, suspende la distribución de implementos escolares y rechaza las demandas salariales de los maestros. Por suerte, la Legislatura decidió que la oposición no está sólo para criticar sino para formular alternativas y toda la oposición reunida logró destrabar, al menos en parte, la negociación con los sindicatos docentes. Lo que suceda en la ciudad no sólo importa porque es la capital del país, sino porque allí hay un ejercicio de prueba sobre lo que puede esperar el ciudadano de la nueva derecha nacional.

Por fin, el fin (Por Alfredo Zaiat)

El jefe de la mafia con el arma en la mano y el asesinado en el piso es una prueba contundente de culpabilidad. El traficante de drogas capturado con su cargamento en la mochila es un indicio bastante fuerte de una violación a la ley. La venta acelerada de títulos y acciones que derrumbaron sus cotizaciones es la demostración más transparente de la existencia de una asociación de financistas & afines para lucrar con el dinero previsional de los trabajadores. Si se trata de un delito, la utilización de esos fondos que no les pertenecen para expresar el rechazo al proyecto del Gobierno será tarea de la Justicia. Pero han dejado con total impunidad, que es la forma en que se mueve el poder financiero, las huellas bien visibles para avanzar en esa investigación.
El argumento más común y superficial de banqueros, economistas de la city y el coro afinado de voceros interesados es que las críticas a las AFJP son por “ideología”. Se trata de un debate absurdo, porque toda opinión a favor o en contra de un modelo económico, de una orientación que defina la autoridad monetaria con el tipo de cambio o de una organización del sistema previsional está basada en una determinada cosmovisión del mundo. O sea, de una ideología, palabra que en general es utilizada por el pensamiento conservador para descalificar convicciones que se enfrentan al discurso dominante. Resulta esclarecedora la discusión ideológica que permite conocer si es más importante el haber jubilatorio o las cuentas de banqueros y gerentes privilegiados abultadas con el dinero de los trabajadores. Las AFJP han demostrado en la práctica que han sido una enorme estafa previsional. Con datos “objetivos”, como gustan hablar los abanderados de la restauración conservadora. Casi ninguna de las promesas vendidas con excelentes campañas de marketing fue realidad para los trabajadores jubilados o próximos a jubilarse. Ni lo serían nunca en el futuro, como lo demuestra la experiencia de casi 30 años del sistema chileno, que ya alcanzó su etapa de maduración y permite observar en forma rotunda su fracaso. Además de no brindar una prestación digna a los jubilados y de jugar con el aporte previsional de los trabajadores, el régimen privado desfinanció al Estado hasta arrinconarlo en una posición que lo obligó, entre otros factores, a declarar el default en 2001. Este tuvo como uno de sus impulsores la propia estructura del sistema previsional privado, que poseía el germen del default. Es una situación similar a la quiebra del Lehman Brothers: su debacle y la de los otros bancos de inversión no fue sólo por la codicia de los financistas, sino que el sistema de autorregulación del fundamentalismo de mercado es el que permitió el crecimiento de esas entidades y de ese tipo de banqueros. Resulta difícil encontrar hoy en Estados Unidos analistas que defiendan a Lehman Brothers. En cambio, no debería extrañar que los haya aquí para las AFJP.
No será una tarea sencilla desmontar el engendro del régimen de capitalización privada. Requerirá de habilidad y capacidad técnica para empezar a ordenar un sistema que fue desquiciado por los banqueros. Junto a la reestructuración de la deuda en default, la eliminación de las AFJP constituye una de las principales medidas de la administración kirchnerista que afecta al poder financiero. Se entiende así la reacción furiosa de banqueros, asesores, economistas, corredores bursátiles, gerentes financieros & otros aliados que integran una asociación dedicada a lucrar con el dinero de los trabajadores. Pocas labores han sido más perversas y miserables que enriquecerse con esos fondos.
La cuestión no es que el Estado se queda con los fondos para pagar deudas, sino que ese dinero vuelve al lugar original de un Sistema de Seguridad Social. El stock de capital acumulado durante catorce años en esas cuentas, deducido el obsceno monto de 9000 millones de dólares en comisiones, regresa al canal legítimo de un régimen previsional. Lo otro era un negocio financiero para un sistema de imprevisión social. Para adelante, será tarea de definir el mecanismo transparente de administración y control de esos recursos, que requerirá de destreza para desarmar con paciencia la temeraria estrategia de invertir fondos previsionales en acciones, fideicomisos financieros o bonos de deuda privada.
La reforma de 1994 impulsada por la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo, con el aval y financiamiento del FMI y Banco Mundial, desfinanció al Estado al desviar los aportes jubilatorios de los trabajadores hacia las AFJP. Se diseñó así una calesita financiera abusiva:
- El Estado contabilizaba un bache en la cuenta de Seguridad Social del Tesoro Nacional por el dinero girado a las AFJP.
- Para cubrirlo emitía títulos públicos.
- Esos papeles los compraban las AFJP.
- Los adquirían con el dinero que recibían de los trabajadores.
- Esos aportes antes iban al Tesoro Nacional.
El Estado quedaba en una posición financiera exigente por una deuda creciente precisamente por ese desfinanciamiento de la Seguridad Social. Las dificultades para cerrar ese déficit se agudizaban debido a que siguió pagando los haberes. Ese desequilibrio de las cuentas públicas provocó el incremento de la tasa de interés del endeudamiento necesario para cubrir ese bache. El costo de esa calesita fue una de las más pesadas mochilas que dejó la década del noventa. Teniendo en cuenta que la deuda del sector público nacional se incrementó en 66.500 millones de dólares entre diciembre de 1994 y de 2001, el sistema de AFJP explica por sí sólo 41.300 millones de dólares de ese aumento (el 62 por ciento). Ese monto surge de 31.800 millones de dólares de emisión de títulos públicos para compensar los fondos no ingresados, a los que se sumaron 9500 millones de dólares por el costo del endeudamiento por este concepto, con una tasa de interés promedio de 9,6 por ciento anual.
Varios son los hechos que se fueron revelando acerca de la inutilidad de la vigencia de AFJP. La más grosera es que el Estado tuvo que salir a completar el haber paupérrimo que entregan las AFJP a los ya jubilados privados. Como el dinero acumulado en los fondos privados, a lo que se le suma el aporte público que marca la ley (la prestación básica universal y la de permanencia), resulta una jubilación por debajo de la mínima, la Anses salió a completarla para alcanzar ese piso. Parece un absurdo si se tiene en cuenta que en su momento se presentó la reforma como más conveniente frente un régimen público de reparto, y ahora es el fisco el que tiene que venir a rescatar a los jubilados privados de haberes miserables. La capitalización privada no redujo –como se argumentaba– la evasión o morosidad previsional. Además hay una baja proporción de aportes efectivos. Sólo el 40 por ciento de los afiliados contribuye al sistema. Los aportes voluntarios son insignificantes en relación a la recaudación total (0,3 por ciento), siendo que uno de los eslóganes de propaganda era que los afiliados iban a optar por engrosar sus cuentas porque verían que el sistema era muy bueno. El nuevo régimen no incentivó la afiliación y la relación entre aportantes y la población ocupada se redujo del 42,3 al 38,6 por ciento. En cuanto a la supuesta competencia que se iba a producir entre las AFJP, de las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, hoy sólo quedan 10. Estos datos indican una tendencia a la oligopolización del mercado, que se opone a los presuntos incentivos para reducir costos y mejorar los servicios. Las AFJP se apropiaron vía comisiones, en promedio, de un tercio de los montos recaudados. Según información de la Anses, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 sólo el 1,6 por ciento de las contribuciones y los recursos tributarios percibidos con fines previsionales, lo que resulta veinte veces más barato que el costo de administración del sistema de capitalización. El sistema fue concebido para maximizar el beneficio de las AFJP. Los fondos gestionados por las AFJP se fueron incrementando gradualmente a lo largo del tiempo, pero esa creciente masa de recursos estuvo lejos de fomentar el desarrollo del mercado local de capitales. Los fondos de las AFJP no fueron canalizados hacia proyectos de inversión que apuntalaran el crecimiento económico.
La supuesta solvencia intertemporal del sistema previsional con fondos invertidos en volátiles mercados bursátiles quedó hecha añicos. Terminar con el régimen de capitalización es adelantarse y evitar que los actuales trabajadores puedan tener un panorama desolador en su etapa de retiro del mercado laboral. En países con el nivel de desarrollo de la Argentina, con su actual estructura de empleo, es imprescindible universalizar la cobertura, objetivo sobre el que se avanzó en estos años, y adoptar una visión de la jubilación basada fundamentalmente en la solidaridad intergeneracional del reparto. Poner fin, por fin, a las AFJP es en ese sentido una medida reparadora y de justicia redistributiva.
azaiat@pagina12.com.ar

La educación argentina (Por José Pablo Feinmann)

Hay frases que deben agradecerse. Hay personajes que no pueden dejar de ser lo que son y, por consiguiente, en algún momento se les escapa la verdad. Tan hondamente la llevan en sus corazones. Hacemos referencia al señor vicepresidente de la CRA (Confederaciones Agrarias Argentinas). No sólo dijo algo que pensaba, algo de su historia personal, de su infancia tal vez, hizo una síntesis admirable de la educación argentina desde 1880 hasta el presente. Acaso algo haya cambiado. Pero es difícil cambiar las cosas en ese ámbito. Tan cerrado está, tan estructurado, que todo cambio es “subversivo”.

El personaje se llama Néstor Roulet. Un argentino como cualquier otro, que se educó en la escuela argentina, bajo sus valores, bajo su visión de los hechos. Se trata de un militante agrario. Un hombre con fe en la tierra y en Dios. Su fe en Dios la manifestó por medio de su fe en la Virgen, que, Santa Trinidad mediante, es lo mismo. Dijo: “Después de 120 días en la ruta, luchando, parando y gritando, evidentemente hubo una mano de arriba que nos iluminó. Detrás de esa mano estuvo la Virgen María, pidiendo por todos los productores argentinos”. Tal vez sea más razonable decir que la mano que los iluminó no vino “de arriba”. Aunque si tenemos en cuenta que esa mano fue la del vicepresidente del partido al que enfrentaban, hombre que cumplía, en tanto tal, su función de presidir el Senado, hombre que había llegado ahí por elección del partido gobernante, y que, súbitamente, da una voltereta y les vota a favor a los agraristas, no puede caber duda alguna: alguna iluminación celestial tuvo lugar ahí. Sí, detrás de la mano de Cleto estuvo la de la Virgen. Es asombrosa la intervención de los dioses en los momentos decisivos de la vida argentina. La “mano de Dios” fue la que hizo el gol de Maradona ante los ingleses, que vengó la deshonrosa derrota del Ejército del majestuoso general Galtieri en Malvinas. Un Ejército formado por jovencitos vejados por sus superiores más que por el enemigo y del que hasta la fecha se han suicidado 290 ex combatientes. Pero “la mano de Dios”, que empujó la de Maradona, lavó el honor argentino. Ahora es “la mano de la Virgen”. Que, sin duda, empujó al Cleto a su célebre voto “no positivo”, ejemplo de la palabra dada a los compañeros de fórmula, aquellos a quienes decidió unirse, pero también ejemplo de que la libertad es la esencia de la política, de modo que si uno tiene ganas de no actuar según había prometido hacerlo y decide hacer lo contrario es porque es libre, sépase esto bien, pues se trata de un nuevo principio: la traición es la expresión suprema de la libertad. Porque todo aquel que traiciona se libera, ante todo, de la palabra dada. ¿Qué es eso de someterse a lo que uno ha dicho? Uno es libre. Y un hombre libre dice algo hoy y mañana otra cosa. De modo que nadie espere nada de la “palabra de honor” de otro. Bah, ¡esas antigüedades! La “palabra de honor” ata al ser humano a algo que dijo en el pasado. La “traición”, en cambio, lo mantiene en estado constante de libertad. De decisión, de elección permanente. Si quieres tener a tu lado a un hombre libre, no exijas mi “palabra de honor”, déjame ser libre. O sea, clavar mi puñal en tu espalda siempre que se me antoje. Morirás, pero a manos de un hombre libre. Esta es la ética-Cleto.

Me he tomado la libertad de apenas esbozarla, pero prometo darle más desarrollo porque es, en verdad, revolucionaria. Bien, según Néstor Roulet, que es el vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), la Virgen María ha pedido por todos los productores argentinos.
Esto es secundario. Roulet dijo algo mucho más importante. Habló de su maestra de historia. Y –suponemos que con cierta nostalgia por esos años escolares de plenitud– dijo que ella le enseñó que la grandeza de esta patria que habitamos había sido hecha, era debida a tres instituciones: la Iglesia, el Ejército y el campo. Instó a la población en general a “activar eso” porque con esas tres instituciones y el resto de lo que hay en el país la Argentina debiera ser “realmente un país grande”. La Argentina es un “país grande”. Difícil saber qué clase de grandeza tiene. Pero que es grande, lo es.

Y lo que Roulet cuenta de su buena maestra es cierto. Esa es la educación que todos, no sólo él, hemos recibido: la Argentina se inicia en 1810 y ya se había insinuado en las gloriosas jornadas de 1806 y 1807 donde pueblo y Ejército, juntos, echaron al invasor colonialista británico, al que luego el señor Roulet y sus amigos le vendieron la carne durante larguísimos años. En 1810, un abogado con marcas de viruela y un militar, Saavedra, hacen la llamada Revolución de Mayo. En 1820, anarquía. Porque los caudillos bárbaros del interior atan sus cabalgaduras en la Plaza de la República. En 1826, el constitucionalismo de Rivadavia, el “más grande hombre civil de la tierra de los argentinos”, según dirá el general Mitre, y nuestro primer empréstito: la Baring Brothers se pone al servicio del desarrollo argentino. En 1828, Lavalle, mal aconsejado, fusila a Dorrego. Pero sólo porque fue mal aconsejado. En 1830, la primera tiranía. Rosas y la Mazorca. Los Libres del Sur, que eran buena gente de campo, se rebelan contra el tirano. La gente de honor huye a Montevideo. En 1852, otra vez la libertad, gracias a los ejércitos del general Urquiza. En Pavón, el general Mitre vence a Urquiza y se afianza la organización nacional, que se consolida en 1880, con el militar Roca, que conquista el desierto y reparte la tierra a poca gente pero buena, de su familia y de algunas otras, todas de gran alcurnia. En 1910, el primer centenario. Somos el granero del mundo. El país de los ganados y las mieses que canta Lugones. Este es el gran momento. La “patria de nuestros padres y abuelos”. Aquí la maestra del señor Roulet se habrá detenido largamente a explicar el momento cumbre de la Argentina. Luego, la inmigración. Alguna, laboriosa. Otra, no. Para los no-laboriosos: Ejército. Para los laboriosos: jornales, mendrugos, pero el honor de vivir en el gran país del Sur. La tierra sigue dando sus frutos. Es la patria. En sus entrañas reposa el ser nacional.

Luego, la crisis del ’29. El proyecto agrario se derrumba. Era una caricatura de país. Pero no: Julito Roca negocia las carnes con Inglaterra y a seguir. Sustitución de importaciones. Y en seguida un grave inconveniente: ese general Perón, un enemigo del campo. La segunda tiranía. El campeón de las retenciones a través de un organismo totalitario: el IAPI. Pero ahora sí, más unidos que nunca, el campo, la Iglesia y el Ejército salvan al país. El tirano huye. La libertad vuelve a reinar. Hasta que regresa traído por un movimiento juvenil subversivo–marxista. Pero se muere. Y otra vez: la Iglesia, el Ejército y el campo y un señor de Acindar, Martínez de Hoz, hacen tronar el escarmiento. El campo aplaude, disfruta, se siente seguro y hace grandes negocios. La Iglesia consuela el corazón atormentado de los patriotas que tienen que hacer esos vuelos necesarios pero que solían incomodar a ciertas almas no tan seguras de la misión de la patria en ese momento. Ahí, la Iglesia: “Hijo mío, has hecho lo que Dios te ordenó hacer. No sufras. Si la patria te exige que arrojes jóvenes vivos al río color de león, tú lo haces. Te absuelvo por toda la eternidad”. Y el Ejército, que estaba muy bien preparado (por la OAS y la Escuela de las Américas) para limpiar al país de la escoria antioccidental y anticristiana, lo hizo. Y luego esa heroica gesta de Malvinas, que nuestro pueblo apoyó (y si no vean esa Plaza de Mayo vivando al Ejército en la persona del general Leopoldo Fortunato Galtieri, vean ahí a nuestro pueblo de Mayo sosteniendo otra gesta contra el imperio que buscó someternos en 1806 y 1807) y perdimos pero volveremos. Y luego la democracia (en la que nunca nos vimos muy cómodos pero que se amoldó a nosotros maravillosamente). Alfonsín se hizo el difícil durante dos años e injurió a los héroes de la guerra contra el marxismo, pero vino ese peronista magnífico, Carlos Menem, y nos dio todo lo que queríamos y se llevó todo lo que él pidió, para él y para sus fieles compinches, que eran muchos. Total, esto da para todo. Lo único necesario para que sea así es que los que no son nosotros se mueran de hambre. Grandes días los del señor Menem, hombre de campo al fin y al cabo. Hombre del interior. Y ahora estamos otra vez atacados por la escoria nacionalista, estatista, montonera, marxista y enemiga de la patria y de la tierra. Pero el pueblo, como en las grandes jornadas de la patria, sigue a nuestro lado y lo demostró. En esas cacerolas de este otoño cuya grandeza nadie podrá narrar volvió a escucharse el repiqueteo glorioso del tambor de Tacuarí.
Esta es la historia que le enseñaron a Roulet en la escuela. La historia que él creyó porque era la de los suyos. La que siempre se enseñó. La que todos tuvimos que aprender. La que nadie se atreve a modificar. La naturalmente argentina. Debo confesarlo: le tengo una enorme envidia a Roulet. El es un argentino, no yo. Ni yo ni todos esos que andan por ahí, con apellidos raros o con colores de piel tirando a negro, a carbón, a tierra, no de campo fértil, sino de basurero, de baldío. Yo ando estos días medio vanidoso porque publiqué un libro de filosofía de casi mil páginas. Pero qué idiota: ¿qué le importa eso a Roulet? El tiene mucho más. No necesita hacer nada. El país es suyo. Uno escribe mil páginas porque tiene un apellido de judío de mierda y tiene que justificarse de algún modo. Hacerse un lugar. ¡Hola, aquí estoy! Me eduqué en Viamonte 430, de donde salían marxistas a montones. No me gusta la tierra. Y creo que la oligarquía, la Iglesia y el Ejército hicieron un país para ellos, un país, diría si me permiten, de mierda y que mataron con inenarrable crueldad siempre que se vieron en peligro. Pero no. No debo creer eso. ¡Qué lindo sería creer lo que creen ellos! El país lo hicieron la Iglesia, el Ejército y el campo. Creer lo que cree Roulet. Sentirse así: con los pies sobre la tierra de uno. Con una identidad poderosa. ¡Con mucha guita, caramba! ¿Cuánto creen que voy a ganar con ese podrido libro de mil páginas? Nada. Lo que Roulet gana con media res. Lo que le paga a un peón, al que encima después lleva a sus manifestaciones patrióticas, con bandera y todo. Para colmo, las librerías hacen enormes pilas con un libro de Savater, que pretende ser de filosofía. O se vende a patadas una huevada infernal de un agroperiodista que dice cómo vivir mejor y más seguro y más pleno. Y si esos libros se venden más es porque los compra Roulet, él y los suyos. Que saben muy bien qué leer.
Ahora, lo justo es justo. Soy un resentido. Reviento de la envidia. Pero puedo jurar algo. Nunca se me daría por creer que la Virgen o el Mesías o Buda o Mahoma... Pero no: no derivemos. Roulet dijo: la “Virgen María”. Nunca se me daría por creer que una mano me ilumina desde arriba, y que detrás de esa mano está la Virgen María pidiendo por todos los pobres filósofos argentinos. Mi relación con lo sagrado es compleja. Transita entre la ira, la duda y la exigua esperanza. Por la pelotudez, nunca.

(Página12)

Hacia un nuevo paradigma de país

Cristina Fernández de Kirchner es abogada, madre de dos hijos, Presidenta de la Nación, y ahora, columnista de la prensa escrita. La nota nota de opinión de su autoría fue titulada con el textual "Hacia un nuevo paradigma de país" y hace hincapié en la defensa "del modelo". En la extensa columna firmada con nombre y apellido en el diario rionegrino Noticias de la Costa de Viedma, la mandataria agradeció el recibimiento de la semana pasada en esa provincia, aseguró que "el dinero no se empolla", abogó por una "justa" distribución de la riqueza, celebró la obra pública y citó a Antoine de Saint-Exupéry "al referirse a los argentinos del sur"."ESTOY ORGULLOSO". En diálogo con Críticadigital, el director del periódico Raúl Sale explicó los aires de periodista que respira la Presidenta. Sale dijo que la iniciativa es parte de un "nuevo modelo de comunicación que pretenden instaurar desde el Gobierno”, porque Cristina "no habla con la prensa". El periodista le contó a este medio que las gestiones fueron realizadas a través del vocero de la Presidencia, Miguel Núñez, y que el escrito le fue entregado el sábado. Confesó sentirse "orgulloso de recibir este reconocimiento a nuestra tarea de todos los días siendo un diario del interior de país”.

La primera columna publicada en diarios provinciales no sería la última.Esta intervención en los medios es en realidad, parte de una nueva estrategia de comunicación. Crítica de la Argentina reveló que desde hace un tiempo se incorporó a los equipos del Gobierno una nueva figura, la del “periodista oficial”: un reportero con acceso a lugares de tránsito exclusivo para los funcionarios y pase libre para entrevistar a los personajes a los que los medios no tienen acceso en momentos sensibles de la coyuntura. Un periodista que difunde reportajes truchos. A continuación, Criticadigital reproduce la nota original completa:

"Hacia un nuevo paradigma de país" por Cristina Fernández de Kirchner

(para Noticias de la Costa)

En la Patagonia siempre hemos comprendido el rol insustituible e irreemplazable que tiene el Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tal vez no teóricamente, sino empíricamente, a través de la experiencia cotidiana. Aquí, en la Patagonia, sabemos que lo que no hace el Estado, no lo hace nadie. Defensa del modeloSin duda es importante que ésta haya sido la primera visita de un Presidente, en este caso una Presidenta, desde la época de Raúl Alfonsín. Pero más allá del hecho histórico anecdótico, hubo un hecho político mucho más significativo: la voluntad de los rionegrinos de defender un modelo de desarrollo productivo. Un modelo de país que considera como inversión lo que muchos economistas interpretan como mero gasto público. Por eso, la importancia de la firma de convenios que fortalecerán los pilares básicos del desarrollo de la provincia: educación, salud y vivienda.

En resumen, trabajo y producción.

Obras

La construcción intensiva de viviendas, las obras de infraestructura vial, la modernización de la estructura hospitalaria y educativa, están perfilando un país productivo con inclusión social y movilidad social ascendente. Desde 2003 a la fecha en Río Negro se han construido 3.633 complejos habitacionales y más de 2.100 mejoramientos en casas y trabajos edilicios. Al finalizar las obras del Plan Federal I y II, la provincia contará con 6.056 nuevas viviendas, 5.615 mejoramientos y 157 nuevas infraestructuras que beneficiarán a 154.500 habitantes. En los planes federales de viviendas participaron no sólo empresas especializadas, sino también las cooperativas de trabajo locales, lo que nos permite no sólo involucrar a estos movimientos sociales solidarios en las políticas públicas, sino además recuperar el empleo para los habitantes de la región. Más trabajoEstos emprendimientos no sólo resuelven el problema habitacional de miles de compatriotas, sino que a la vez requieren mano de obra intensiva. Miles de trabajadores de la construcción vuelven a tener perspectivas de futuro para ellos y sus familias. Los cascos amarillos vuelven a relucir en toda la Argentina. Y este no es un dato menor, porque la obra pública tiene un efecto multiplicador en lo económico y lo social. Además de la infraestructura básica para la actividad económica, se fortalece la sociedad en su conjunto con la construcción de nuevos hospitales, escuelas, viviendas y redes de agua potable, en un círculo virtuoso que va recreando la confianza de una Nación en sí misma.

En cuanto a la salud, asegurar una atención de calidad en el hospital público es una forma de contribuir a la equidad social protegiendo a los sectores más vulnerables. No puede haber una salud para los ricos y otra para los pobres. Los 550 mil pesos que aportó el Gobierno nacional al Hospital Artémides Zatti para equipamiento de alta complejidad no alcanzan a reducir esa brecha, pero es otro buen paso. Río Negro puede exhibir hoy con orgullo a todo el país tanto el Laboratorio Provincial del Programa Zonal de Medicamentos (Prozome) que fabrica genéricos para atención primaria de la salud, como la construcción de la planta potabilizadora de agua en Villa Regina, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa).

En esta obra, el Gobierno nacional invertirá un total de 22 millones de pesos, llevándole agua potable a más de 60.000 personas de la zona. Para dimensionar su impacto, esa cantidad de gente es casi el doble del número de habitantes de Villa Regina. Nuevo paradigmaEn cuanto a la educación, la creación de la Universidad Nacional de Río Negro, que comenzará a funcionar el próximo año, tiene una prioridad fundamental: vincular lo académico con lo productivo. Un nuevo paradigma de país precisa de instituciones educativas que unan el conocimiento con la producción, generando mayor trabajo y riqueza para los argentinos. Por eso también, a partir del año que viene, Villa Regina volverá a tener su escuela rural, para lo cual el Gobierno nacional aportará un millón y medio de pesos a través del ministerio del Interior. El gran desafío es, entonces, dotar a la estructura económica de los profesionales necesarios para forjar un círculo virtuoso de mayor industria, mejor calidad del empleo e innovación tecnológica. EjemploRío Negro puede ser desde el primer productor de peras y manzanas hasta productor de reactores nucleares.

Un verdadero ejemplo para la Argentina y para los países de la región. El Instituto de Investigaciones Aplicadas (Invap) produce reactores nucleares para el mundo y ya hay dos funcionando, uno en Australia y otro en Egipto. Esta empresa estatal se ha convertido en un modelo internacional de gestión pública sobre el conocimiento. En cuanto al complejo frutihortícola regional, ocupa un lugar fundamental en el desarrollo y crecimiento del modelo económico actual de consumo interno más exportación. La firma del Plan Frutícola Integral alienta el desarrollo de este complejo productivo con programas a 10 años y una inversión global de 736,5 millones de pesos. El dinero no se empolla. Para que produzca riqueza genuina debe pasar por la economía real de bienes, servicios y conocimiento. Pero tampoco se distribuye equitativamente por sí solo, es necesaria también una mejor y más justa distribución geográfica del ingreso nacional.

Crisis y esfuerzo

En momentos de grandes dificultades internacionales y crisis financiera global, debemos aunar esfuerzos, juntar recursos materiales e intelectuales para ayudar a pensar y resolver los desafíos que enfrenta el crecimiento de la Argentina. Alguna vez Antoine de Saint-Exupéry, al referirse a los argentinos del sur, dijo: ‘No se podría encontrar en otros sitios tanto sentido social, tanto sentido de la solidaridad, ni tampoco tanta serenidad. Serenidad de hombres que se enfrentan con grandes problemas‘. Me sentí como en casa. Lo dije entonces y lo repito ahora. Estuve con rionegrinos. Estuve con patagónicos. Estuve con argentinos del sur que sueñan y luchan por construir un gran país.

Culpables, millonarios e impunes

El mal hacer de una casta intocable de directivos está detrás de la crisis financiera

"Cuando nace un brahmán, nace superior a la Tierra entera, es señor de todas las criaturas, y tiene que guardar el secreto del dharma. Todo lo que existe en el mundo es propiedad privada del brahmán. Por la alta excelencia de su nacimiento, él tiene derecho a todo. Esto es, es él quien goza, quien viste, quien da a otros, y es a través de su gracia que otros gozan", se dice en el Libro de Manu. Las leyes de Manu están contenidas en un antiguo manuscrito hindú que estableció el sistema de castas en la India hace más de dos mil años. El brahmán es la casta superior. Sólo unos elegidos pueden pertenecer a la misma y, como dice la cita, gozan de todos los derechos y su única labor es instruir en el conocimiento del mundo al resto de castas (salvo a los parias o intocables, que no gozan de ningún derecho).

Los ejecutivos han salido por la puerta de atrás, pero con las carteras llenas
El salario directivo ha subido un 45% en diez años. El del trabajador, un 7%
El FBI ha abierto una investigación, pero ninguno ha sido procesado
Si el botín del robo del siglo fue de 60 millones, ¿cómo se llamará a éste?

El capitalismo moderno ha emulado este sistema de castas. Sus brahmanes son los directivos y consejeros de las grandes corporaciones. Gozan de privilegios y prebendas por doquier: sueldos estratosféricos, planes de incentivos, vacaciones, jet privados y club de campo a costa de la empresa... Y no tienen casi ninguna responsabilidad. Si las acciones suben, ellos son los que más ganan gracias a los programas de opciones sobre acciones que premian la revalorización bursátil. Si la cotización se derrumba o incluso si las firmas quiebran y los accionistas pierden todo lo invertido, ellos también ganan. En caso de despido, cuentan con cláusulas que les aseguran indemnizaciones multimillonarias, conocidas como paracaídas de oro (golden parachute), de las que no disfrutan los trabajadores, los parias de este orden económico.
El derrumbe del sistema financiero internacional ha sacado a la luz estas colosales prerrogativas de los directivos cuya gestión ha abocado a la desaparición a firmas históricas como
Lehman Brothers o Merrill Lynch. Sus arruinados accionistas y ahorradores o los trabajadores despedidos se preguntan por qué en lugar de ser reclamados por los juzgados, los ejecutivos han salido sin hacer ruido por la puerta de atrás y con las carteras llenas. Sólo las cinco mayores firmas financieras de Wall Street -Merrill Lynch, JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns y Citigroup- pagaron más de tres mil millones de dólares en los últimos cinco años a sus máximos ejecutivos, justo en el periodo en el que éstos se dedicaron a inflar las cuentas, empaquetando en fondos y otros activos opacos, préstamos incobrables que han derivado en la mayor crisis financiera de la historia.
Cuando el sistema se colapsó, las firmas siguieron siendo generosas con los causantes de la debacle. Stanley O'Neall se llevó a casa 161 millones de dólares cuando dejó Merrill Lynch; Charles Prince obtuvo 40 millones al dejar Citigroup, cifra similar a la que que obtuvo Richard S. Fuld, de Lehman.
El código marinero tampoco va con los CEO (chief excutive officer, siglas en inglés de consejero delegado). Si el barco se hunde, son los primeros en coger el salvavidas, un salvavidas de oro. La comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto al descubierto esta semana que la cúpula directiva de Lehman Brothers aprobó bonus por millones de dólares para los ejecutivos que salieran de la empresa mientras negociaban con las autoridades federales el rescate de la quiebra. Su consejero delegado, Richard Fuld, cuya actuación ha llevado a la desaparición del banco de inversión más veterano de Estados Unidos (fundado en 1850), ganaba 17.000 dólares a la hora.
Pese a ser reverenciados por diarios financieros como The Financial Times o The Wall Street Journal como prototipo de eficiencia y seriedad, su comportamiento caprichoso se asemeja más bien al de los divos del pop o los artistas de Hollywood. James Cayne, el máximo responsable de Bear Stearns, se marchó a un torneo de bridge mientras colapsaban dos fondos de inversión que provocaron finalmente la desaparición de la quinta entidad financiera de Estados Unidos. ¡Ni siquiera encendía el móvil!
Angelo Mozilo, responsable de la quiebra del banco hipotecario Countrywide, consideraba una inexplicable afrenta personal que el consejo de administración le pidiera explicaciones acerca de los viajes de su esposa en el jet privado de la compañía, que le pagó 360 millones de dólares en los últimos cinco años.
La cultura del jet es consustancial a los CEO. Martin Sullivan, consejero delegado de AIG hasta que la aseguradora fue rescatada de la quiebra con fondos públicos por la Administración de Bush, gastó el año pasado 322.000 dólares en viajes privados o de vacaciones en el reactor de la empresa. Su colega Stanley O'Neal, presidente de Merrill Lynch, cargó gastos de avión y coche para uso particular por 357.000 dólares en 2007. Abandonó la compañía, hoy en manos de Bank of America, tras sufrir las mayores pérdidas de su historia, en octubre del año pasado, llevándose 161 millones de dólares bajo el brazo.
La constitución de ese modelo de dirección de las grandes compañías que otorga plenos poderes y remuneraciones desmesuradas a un grupo limitado de ejecutivos, no sujetos a ningún control efectivo ni a responsabilidad por su gestión, no es reciente.
Comenzó a fraguarse en los años ochenta y noventa, pero se ha consolidado completamente en lo que llevamos de siglo. Los datos no dejan lugar a dudas sobre la desigualdad laboral en la que se mueven estos asalariados de oro: en 1976, la remuneración media de los máximos ejecutivos de las corporaciones estadounidenses era 36 veces superior al sueldo medio de un trabajador de la empresa; en 1989, era 71 veces, y en 2007, cada directivo recibió 275 veces más que la retribución que sus trabajadores, según las cifras de The Institute for Policy Studies and United for a Fair Economy. Este mismo informe revela que entre 1996 y 2006 las retribuciones de los consejeros delegados crecieron un 45%, cuando el sueldo medio del trabajador estadounidense aumentó sólo un 7%.
Lo más sangrante de ese abismo salarial entre gestores y gestionados es que los emolumentos de los directivos poco o nada tienen que ver en muchos casos con los resultados de la empresa que dirigen, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores que, ante la menor dificultad, sólo les queda el camino de la moderación salarial, cuando no directamente del despido.
El consejo de administración de General Motors acordó en marzo pasado elevar el sueldo del presidente de la compañía automovilística, Rick Wagoner, hasta 2,2 millones de dólares, la misma base salarial que tenía antes de 2006, cuando se le recortó el salario dentro del plan de ajuste de costes que puso en marcha la compañía. El consejo acordó también otorgarle bonus y opciones sobre acciones por más de 10 millones de dólares, pese a que la firma de Detroit presentó en 2007 las mayores pérdidas de su historia que motivaron un plan de recorte laboral que afectó a 74.000 empleados, que se irán a la calle sin bonus ni planes de opciones. A los accionistas no le van mejor las cosas. Los títulos alcanzaron esta semana el nivel de 1950.
En materia de despidos, Wagoner ha superado de lejos a su antecesor en el cargo, Roger Smith, a quien el controvertido director de cine Michael Moore le dedicó su documental Roger & me en 1989, cuando cerró la planta de GM de su localidad natal, Flint (Michigan), dejando en el paro a 30.000 trabajadores.
Moore, que a lo largo de toda la filmación intentó sin éxito hablar con Smith, tendría aún más difícil charlar con Wagoner. La casta superior del neocapitalismo, como los brahmanes indios, no tiene que dar cuentas a nadie: ni periodistas, ni jueces, ni gobiernos, ni accionistas, ni impositores, ni contribuyentes. Para tapar los agujeros que ha causado su desastrosa gestión, los Estados han anunciado planes de inyección de fondos públicos por más de un billón y medio de euros que, en último término, saldrán del bolsillo de los contribuyentes.
Pero si alguien piensa que, ante este derrumbe general de la economía, los CEO han entonado el mea culpa y optado por la austeridad, está muy equivocado. Los máximos directivos de AIG se fueron a pasar un fin de semana a Monarch Beach, un exclusivo hotel de California en el que las habitaciones valen 800 euros por noche, para celebrar que el Tesoro estadounidense les había salvado de la quiebra inyectando 85.000 millones de euros de fondos públicos. Según se puso de manifiesto esta semana en la Comisión de la Cámara de Representantes, los ejecutivos de la que fuera la mayor aseguradora estadounidense se gastaron más de 440.000 dólares, incluyendo "manicura, tratamientos faciales, pedicuras y masajes", a costa de los contribuyentes. "Es tan básico como el salario, ya que supone recompensar el trabajo", se justificó el portavoz de AIG, Nicholas Ashoo.
"Sólo cuando la marea se retira, sabes quién nadaba desnudo". Warren Buffet, el financiero estadounidense y el más rico del planeta, suele repetir esta frase para describir la ceguera de accionistas y reguladores respecto a los directivos que gobiernan las empresas a su antojo y con total opacidad, de forma que nadie pueda conocer hasta su marcha la verdadera situación de las cuentas.
El consejo de Washington Mutual, la entidad bancaria que llegó a liderar la concesión de hipotecas en Estados Unidos, modificó en febrero los planes de bonos para sus máximos directivos de forma que pudieran cobrar esos pluses sin tener en consideración el índice de impagados en el negocio hipotecario del banco cuando éste ya se había disparado hasta extremos inadmisibles. Dos meses después, la compañía era adquirida a precio de saldo por un grupo de fondos de inversión. Los directivos cobraron sus bonos al salir de la empresa, al tiempo que 3.000 empleados eran despedidos. El consejero delegado, Kerry Killinger, alegó que de 2006 a 2007 se había bajado el sueldo un 21% hasta los 14,4 millones de dólares.
Un consuelo escaso para los accionistas que habían visto esfumarse más de un 90% de su inversión y que, pese a sus pérdidas, tuvieron que abonar 20 millones de dólares al gran Killinger, causante de su ruina, cuando finalmente decidieron echarle en septiembre pasado. Jean-Paul Votron, consejero delegado de Fortis, cobró un 15% más en 2007. Se le premiaba así por la compra de ABN Amro por 72.000 millones de euros. El banco holandés resultó estar infectado por los activos basados en las hipotecas subprime y llevó a la quiebra a Fortis, que ha tenido que ser rescatado por los Estados de Bélgica, Luxemburgo y Holanda.
La comisión de investigación del Congreso también destapó que Fuld autorizó pagos de 20 millones de dólares a dos directivos de Lehman cuatro días antes de que la firma se declarara en bancarrota.
El experto Graef Cristal, que dirige una revista online dedicada a analizar las compensaciones de los ejecutivos, considera que el fenómeno de la crisis de las hipotecas subprime o basura se explica en gran parte por el sistema de remuneraciones instaurado por los bancos de inversión estadounidenses a sus ejecutivos, a quienes reparten el 50% de sus beneficios, más que ningún otro sector.
Los empleados de los mayores cinco bancos de inversión percibieron 66.000 millones de dólares en 2007, de ellos, 39.000 millones en bonus. Esta cifra arroja una retribución media de 353.089 dólares por empleado, según Bloomberg. Como su sueldo dependía directamente de lo que ganara la empresa, hincharon artificialmente las cuentas, comercializando piramidalmente fondos u otros instrumentos financieros respaldados por los ahora llamados activos tóxicos.
"En Wall Street como en Hollywood, los beneficios tienden a venir en grandes paquetes y todos quieren un trozo. Da igual que se trate de la película Caballero Oscuro (la última de Batman) o de una gran fusión, quien tiene el poder de llevar a la gente al cine o de cerrar un acuerdo puede ganar lo que quiera", dice Cristal.
Contra esta insultante impunidad se han alzado voces desde el ámbito ciudadano y sindical. Curiosamente, la reacción de los dirigentes políticos ha sido más bien tibia. El presidente George W. Bush, empujado por los congresistas del Partido Republicano que veían peligrar su escaño por el clamor popular, se vio forzado a aceptar que los directivos de las firmas rescatadas por su plan de 700.000 millones de euros renunciaran a recibir las indemnizaciones pactadas, propuesta que se incluyó en la reforma del plan tras ser rechazado por la Cámara de Representantes. Así ha sucedido en el caso de AIG, o las financieras inmobiliarias Fannie Mae y Freddie Mac, cuyos presidentes cesados no hicieron valer sus cláusulas de indemnización.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha abierto una investigación en 26 empresas en busca de posibles irregularidades contables. Y en la Cámara de Representantes se ha constituido una comisión de investigación por la que están pasando los principales responsables del derrumbe.
En Europa, por el momento, sólo meras declaraciones. La canciller alemana Angela Merkel conminó a los directivos de Hypo Real Estate, rescatado de la bancarrota por un grupo de bancos y el Estado, a que respondan con su patrimonio personal. El Gobierno francés obligó a Axel Miller, consejero delegado del banco franco-belga Dexia, a renunciar a la indemnización de más de tres millones de euros que le correspondían según su contrato por dejar ese cargo. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, puso como primera condición para participar en el rescate de la entidad financiera que ninguno de los directivos recibiera indemnizaciones extraordinarias.
Fuera de declaraciones admonitorias y la moralina para electores, ningún país ha anunciado cambios en la legislación para limitar los sueldos de los directivos o definir mejor sus responsabilidades en caso de quiebra.
Todos los intentos por limitar los emolumentos de los ejecutivos han resultado en vano. A mediados de los ochenta, hubo una fiebre de fusiones. Los reguladores advirtieron que muchas de esas operaciones no respondían a ninguna estrategia empresarial sino a las indemnizaciones que recibían los directivos que cerraban los acuerdos. Por eso, impusieron en Estados Unidos un impuesto sobre todas las indemnizaciones que excedieran tres veces el salario anual de los directivos. La única consecuencia fue que los ejecutivos cerraron cláusulas para que las compañías se hicieran cargo de esa tasa. En 1992, la Securities Exchange Commission (SEC), que vigila los mercados bursátiles en Estados Unidos, obligó a las empresas a informar de los emolumentos de sus directivos. No sólo no se avergonzaron de revelar sus ganancias anuales, sino que las han multiplicado por cuatro.
Un año después se intentó poner coto a los sueldos estratosféricos, limitando las deducciones fiscales a un millón de dólares. Se hizo una excepción para las recompensas no dinerarias. Como consecuencia se dispararon las remuneraciones en opciones sobre acciones. Y ya se ha convertido en una moda entre los presidentes de las corporaciones ganar un dólar al año. Los presidentes de
Yahoo!, Apple y Google están en ese club. En 2006, ganaron sólo un dólar como salario base. ¡Y millones de dólares en opciones y bonos!
Los gobiernos piden sacrificios a ahorradores, accionistas y trabajadores para salir al rescate de bancos y aseguradoras a costa de miles de millones de las arcas públicas. Y los culpables de este saqueo no sólo no son reclamados por la justicia, sino generosamente recompensados. Es como si a los asaltantes del tren de Glasgow les estuviera esperando el jefe de Scotland Yard en la estación de Londres para colgarles una medalla. Su botín fue de 60 millones de euros (al cambio actual) y se le llamó el robo del siglo. ¿Cómo llamaremos a las hazañas de los villanos de Wall Street?
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Paulson, uno de los nuestros
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, es, hoy por hoy, lo más parecido a un mesías. Le han encomendado salvar el sistema capitalista mediante un plan de inyección de fondos por 700.000 millones de dólares, medio billón de euros, es decir, la mitad del producto interior español. Debe limpiar unas entidades que conoce a la perfección puesto que en 2006, cuando fue fichado por George W. Bush para dirigir el Tesoro, era presidente de Goldman Sachs, el banco de inversión donde desarrolló su carrera durante 40 años.
Cuando dejó la firma, Paulson atesoraba una fortuna de alrededor de 500 millones de dólares, fundamentalmente en acciones, que vendió con fuertes plusvalías. Como secretario del Tesoro, ha tenido que adoptar medidas como el rescate de AIG o Fannie, pero no quiso intervenir en favor de sus antiguos competidores como Bear Stearns o Lehman Brothers, comprados por otras entidades bancarias.
Ahora no le va a quedar más remedio que administrar las firmas donde trabajan sus colegas. De hecho, el equipo encargado de gestionar esos fondos estará integrado sobre todo por ejecutivos de Wall Street, incluyendo los de Goldman. Y es que, Paulson, aunque quiera salvar los ahorros del norteamericano medio, no deja de ser uno de los suyos.

Por Ramón Muñoz (El País)