En medio de un año electoral, habrá también decisiones importantes para designar a jueces y fiscales.
No sorprende que la UCR rionegrina busque ubicar en cargos clave en el Poder Judicial a amigos del gobierno.
Gran parte de Río Negro se ve seriamente afectada por la emisión de cenizas del volcán Puyehue-cordón Caulle, lo que incrementará la demanda al Estado de atención de numerosas necesidades de sus pobladores y sus actividades económicas.
Para pesar de las personas perjudicadas, los tiempos de la política ya han puesto su brújula hacia los varios procesos electorales que vivirán la provincia, sus municipios y el país desde aquí hasta fin de año.
La multiplicidad de fenómenos políticos y la complejidad de la trama de denuncias, investigaciones y defensas que atiborran el escenario público requieren de una ciudadanía atenta y activa. Muchas serán las decisiones que se tomen este año que generarán efectos notables y duraderos en los que vendrán.
Uno de los ámbitos en que se tomarán resoluciones trascendentes es el Poder Judicial de Río Negro.
No es el más visible.
Sin las campañas y actos públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo –cuyas designaciones se definen por el voto popular–, en el Poder Judicial la política está igualmente presente.
Las designaciones se realizan por representación indirecta, generalmente a puertas cerradas y en pocas ocasiones se da cabida a impugnaciones u opiniones de la sociedad.
Pero las reuniones del Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos vacantes o pendientes de creación tendrán mucho que ver con la calidad de las instituciones que los rionegrinos tendremos en los próximos años.
Lo mismo puede afirmarse de la renovación que se viene en los órganos de control del Estado provincial.
Unos y otros son verdaderas oportunidades para dotar al gobierno de la provincia de controles y contrapesos que contribuyan a aumentar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Algo que tendría efectos sensibles en mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los rionegrinos de toda zona y de cualquier condición social.
Siete meses pasaron desde que –en noviembre del año pasado– el juez del Superior Tribunal de Justicia Luis Lutz presentó su dimisión al cargo con la intención de jubilarse.
Por alguna razón difícil de comprender, el gobernador Miguel Saiz inicia recién ahora el proceso para reemplazar al magistrado. Justo cuando Anses se dispone a otorgarle el beneficio previsional.
Tan morosamente reaccionó el mandatario que el juez podría ver prorrogado su mandato incluso hasta el año próximo. Al menos, todos coinciden en que no serán los actuales consejeros de la Magistratura quienes resuelvan la cuestión sino los que asuman seguramente después de agosto.
Para mal de la calidad del servicio de justicia, la misma demora se advierte para cubrir una gran cantidad de cargos en las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, lo que dificulta operativamente la tramitación de causas, retrasa los plazos, aparta a los hechos investigados de su juez natural y diluye las responsabilidades al llevar expedientes de mano en mano.
El segundo semestre de este año estará, sin duda, dominado por los procesos de elección de cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Hoy se vota para elegir autoridades locales en cinco ciudades rionegrinas –Comallo, Pomona, Río Colorado, Valcheta y Villa Regina–; el 14 de agosto serán las primarias o internas abiertas y simultáneas para cargos nacionales; el 5 de setiembre se votarán autoridades locales en Bariloche; el 25 de setiembre se elegirán gobernador, vice y legisladores en Río Negro y autoridades locales en varias ciudades, entre las que están Viedma y Allen; el 23 de octubre se elegirán presidente y vice, diputados nacionales y autoridades municipales en varias ciudades, entre las cuales están Cipolletti y, tal vez, General Roca.
En ese trajín, la elección de jueces y fiscales corre el riesgo de pasar inadvertida para la ciudadanía. Y esto implica un riesgo severo para la calidad de esas designaciones.
El radicalismo rionegrino tiene una larga tradición de intervenciones escandalosas para designar a funcionarios judiciales afiliados a su partido, familiares de dirigentes, amigos o proclives a serlo. Por eso, no cuesta imaginar lo que estaría dispuesto a hacer en la actual circunstancia, cuando por primera vez en muchos años el justicialismo –el principal partido de oposición en la provincia– lo aventaja por varios puntos en las encuestas de intención de voto.
El de Miguel Saiz ostenta el triste récord de ser el gobierno que más funcionarios sospechados, denunciados y procesados tiene en la historia de la provincia, por lo cual su interés habitual en una Justicia dócil se ve agigantado ante lo que –estiman– bien puede ser el fin de un ciclo de 28 años en el poder.
La desvergüenza de un grupo dirigencial llegó en estos días a un punto extremo y fue revelada con la contundencia de una imagen: el candidato del radicalismo para cubrir el cargo de titular del Juzgado 4 de Viedma, Guillermo Bustamante, participó de una fiesta familiar y de amigos organizada por el legislador Daniel Sartor, quien es materia de investigación en ese organismo por su presunto enriquecimiento ilícito.
En una foto distribuida por legisladores PJ se lo observa riendo y abrazado con el legislador Adrián Torres, integrante de Consejo de la Magistratura que debe evaluar su designación. Y otra imagen muestra, en la misma fiesta, al entonces fiscal general del Poder Judicial, Edgar Nelson Echarren, renunciado días atrás.
Tal ausencia de decoro y de respeto por la ciudadanía sumó otro elemento para el asombro al conocerse que el Colegio de Abogados de Viedma –el mismo que había dado su aval a la designación de Echarren cuando estaba procesado por presunto peculado– resolvió en votación de 20 profesionales que sus consejeros respalden a Bustamante para el cargo de juez.
La degradación de los hábitos institucionales y el desprecio por la legalidad y las formas republicanas son, tal vez, la más triste consecuencia de la falta de renovación en la política.
El radicalismo rionegrino bien puede ser exhibido como el fracaso ruidoso de las reformas constitucionales que, en la antesala de los 90, habilitaron la posibilidad de la reelección en el Poder Ejecutivo, algo que vedaba la anterior carta magna provincial.
Sólo el recambio periódico de autoridades garantiza la saludable separación entre personas, partidos e instituciones.
Las deplorables consecuencias del continuismo están a la vista.
