Tapar el sol (Por Alicia Miller)

Si la política pretende transitar atajos, entra en terreno pantanoso. A los manotazos, el gobierno busca tapar varios frentes a la vez.
La administración de un Estado involucra funciones técnicas y otras políticas.
Hay campos y temas en los que actúan esas dos fuerzas. Pero no significa que una pueda cumplir la función de la otra. Cada una aplica su propia lógica. Tienen un objeto diferente. Distinta finalidad. Pueden superponerse, no excluirse.
La política no puede desplazar de su lugar a la ley, a las normas administrativas, a la administración de Justicia, al conocimiento profesional, a la responsabilidad...
La política no es el Estado, como tampoco lo era Luis XIV, el rey francés que acuñó la frase "l´État c´est moi".
Sin embargo, el gobierno de Miguel Saiz pretende solucionar todos sus problemas mediante la política. Y no sólo genera enojo sino que trastrueca los más elementales conceptos de un sistema republicano, que, entre otros, son: que haya un gobierno elegido por el voto y de acuerdo con la ley, con separación de poderes que actúen como control y contrapeso, que rija la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y que tanto gobernantes como gobernados se sometan al imperio de las normas.
Si la política pretende transitar por atajos que desconozcan estos principios, ingresa en terreno pantanoso. Se sale de la ley y del sistema al que pertenece.
La política, entonces, es el instrumento mediante el cual pueden conciliarse ideas antagónicas, resolverse conflictos de opinión, definirse prioridades y planes. Pero no un escudo tras el cual el Estado y los funcionarios puedan evitar regirse por normas escritas y predeterminadas.
- La falta de medicamentos oncológicos, por ejemplo, no es un problema político. Es un tema técnico. Fáctico. Alguien debió prever, comprar y controlar, y no lo hizo o equivocó las previsiones. El argumento de que el problema obedece a que la droguería Gavazza fue excluida del registro de proveedores no resulta convincente. ¿Por qué no comprar, entonces, a los laboratorios que fabrican las drogas, o a droguerías más grandes que aquella? Las proveedoras son, ahora, pequeñas droguerías sin capacidad para garantizar el stock, según admitieron los funcionarios. Un problema técnico que deberá resolverse técnicamente.
- Establecer si se violó la ley al pagar una obra antes de que se hiciera y aun antes de que se asignara el terreno no es una cuestión política, sino técnica. Y debe solucionarse aplicando la ley.
- Determinar si el legislador Daniel Sartor se enriqueció en forma injustificada o no, es un tema técnico, no político. Pero privilegiar una investigación parlamentaria en lugar de la técnica que prevé la ley -a cargo del fiscal de Investigaciones Administrativas-, busca dilatar y eludir una norma.
- La actuación del juez Pedro Funes en la causa por irregularidades en los contratos de alimentos que proveían Masily y Flavors al ministerio de Familia no es un problema político, sino técnico. Las funciones de un juez y el marco en que debe desempeñarlas están previstos en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Establecer si su conducta se apartó o no de ellas sólo puede surgir de un dictamen técnico, aun cuando la resolución final sobre si merece sanción, y cuál en su caso, está en Río Negro en manos de un órgano con participación política: el Consejo de la Magistratura.
Sobre Funes, la fiscal recurrió a la Cámara porque advierte que actúa con parcialidad en beneficio de los directivos de Flavors, y -en dañosa señal- el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini, propuso dejarlo en exclusiva al frente del expediente. ¿Darle más tiempo cuando nada hizo en cuatro meses?
El bloque del partido Justicialista pidió una auditoría para ver si el juez actuó bien en la causa. Y la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, pidió el juicio político al magistrado. Pero el primer reclamo fue desestimado rápidamente por el Consejo de la Magistratura y el segundo postergado y subordinado a un dictamen jurisdiccional. Sin investigación ni dictamen técnico. Políticamente.
Cerrar la investigación no va a dar más prestigio al juez Funes ni más transparencia al expediente. No aumentará la confianza en la política ni en las instituciones.
Sobre todo, cuando por la denuncia de la defensora del Pueblo se conoce en detalle la compleja maniobra que vincula a funcionarios y empresarios.
La gente comprende muy bien que el hecho a investigar no es si la leche fue nociva para la salud sino si hubo falsificación en que nunca cumplió con los requisitos de calidad y aptitud nutricional que consignaban la licitación y el rótulo de la mercadería.
Ya nadie ignora que la empresa Flavors fue habilitada como fraccionadora de alimentos pero se le otorgó una exención impositiva por la ley de Promoción Industrial que sólo es aplicable a las plantas elaboradoras y para la cual no reunía los requisitos. Ejemplo: en 2006 prometió tomar empleados y el propio Estado rionegrino la sancionó porque los tenía en fraude laboral hasta este año.
Se han visto facsímiles y pruebas de la resolución por la cual Salud Pública homologó en favor de la fraccionadora Flavors productos que en San Luis producía Masily, pretendiendo transmitir roles y figuras societarias en un procedimiento técnicamente reprochable y generador de responsabilidad.
La gente vio pruebas de falta de solvencia, de antecedentes fraguados, de cheques rechazados, de pagos realizados por el Estado rionegrino utilizando a terceros para burlar a los acreedores de Masily, concursada en San Luis...
Nada de esto podría haber sucedido sin una decisión política. Tantos son los organismos involucrados en los trámites que resultaría absurdo pretender una epidemia de errores o distracciones casuales.
El juez Funes no vio, hasta el momento, razones para actuar, a pesar de los múltiples pedidos realizados por la fiscal Daniela Zágari. El Consejo de la Magistratura no advirtió en tal actitud nada reprochable. Y Balladini quiere dejarlo a solas con la causa.
Por el momento, las cosas no podrían estar peor en la búsqueda de que la tan mentada igualdad ante la ley no haga diferencias entre poderosos y gente común.
El único aliciente fue, esta semana, el respaldo que la procuradora del Poder Judicial, Liliana Piccinini, brindó a la fiscal Zágari, al expresar que no necesitaba refuerzos y que ha cumplido en tiempo y forma con su labor.
Ahora, los ojos están puestos en qué dirá la Cámara de Apelaciones, que debe analizar el recurso mediante el cual la fiscal objetó que el juez haya notificado a los directivos de Flavors de cada prueba ingresada al expediente, aun cuando no han sido constituidos como parte ni indagados como imputados.
En conjunto, la situación planteada es de tal gravedad que amenaza enlodar a integrantes de los tres poderes del Estado provincial.
Dando manotazos al aire, el gobierno busca tapar problemas, pero a cada paso sus esfuerzos se ven superados por la realidad.
El gabinete advierte el bochorno de que el gobierno trascienda más por sus escándalos que por sus aciertos. Pero no le alcanzan las manos para tantos frentes.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar

Para los fachos que trabajan de otra cosa (Por Jorge Pinedo)

Apuntes sobre algunas recientes campañas de prensa, sus estereotipos y cómo unos miran a los otros.

No lo saben, pero lo hacen
Karl Marx, El Capital, cap I.

En cuanto bajaron de los barcos, en el siglo XVI, los conquistadores españoles no demoraron en tildar a los pueblos originarios que habitaban el continente americano de salvajes, impíos, promiscuos, en fin, multitud de calificativos. Lo que en la actualidad se denominaría autobombo, versión autorreferencial de una campaña de prensa casera. Ignoraban, entre tantas otras cosas, que con aquellos epítetos, por oposición, se estaban definiendo a sí mismos como adalides de la civilización, portadores de la verdadera fe, defensores de la auténtica moral, en ese orden. Nada muy diferente del discurso de los dictadores cuando hablaban de subversivos, apátridas, ateos, marxistas, etc., que los colocaba como representantes de la legalidad, patriotas, defensores de la única fe, fascistas, neoliberales; es decir lo que resume el eslogan occidental & cristiano y lo que la historia se encargó de demostrar. Magia berreta de los antónimos que el pensamiento riguroso hace herramienta de conocimiento al definir enunciado y enunciación. Algo así como “dime lo que dices del otro y descubrirás tu alma”. Como los toscos invasores de hace cinco siglos o la torpe milicada reciente, no es improbable que quien se lance a calificar con tamaña vehemencia ignore hasta qué punto se desnuda el propio pensamiento. Inconsciencia que en absoluto releva la responsabilidad.
Con ribetes nada trágicos, la herramienta supo ser aplicada a partir de los ’70 para analizar las telenovelas que, en su pretensión realista, mostraban cómo un sector social (la pequeñoburguesía que proveía de guionistas) veía a las restantes clases. De tal modo, una supuesta aristocracia estaba poblada por señores de corbata y batas de seda tomando whisky, los trabajadores eran pobres pero honrados, los malvivientes tenían pinta de tangueros y los intelectuales nunca zafaban de la polera negra y el aire tuberculoso. Caricaturas al fin, pero didácticas a la hora de describir un espectro cultural en épocas donde no era preciso parecer políticamente correcto y Alberto Migré fundaba entrañables estereotipos.
En estos tiempos de espectro social descuajeringado y batallones de escribas detrás de cada tira televisiva, la impronta ideológica resulta más transparente en los contenidos de la publicidad. Como los taxistas y remiseros en su mayoría expulsados de la producción formal, el gremio de los creativos publicitarios (como los periodistas, odontólogos y telemarketers) obtiene personal proveniente de los sectores aledaños a la clase media para reunirlos en una suerte de etnia transitoria ritualizada en el consumo fashion, convencida de que crean tendencia. Si bien hay piezas publicitarias que rozan –hay que reconocerlo– la obra artística, buena parte son al menos ingeniosas. No en vano la publicidad argentina está caracterizada como una de las más creativas del mundo... por los propios publicitarios. Sin restarle eficacia, talento y hasta belleza, muchas si no todas de estas piezas muestran en sus contenidos la hilacha ideológica. No exclusivamente del equipo creativo que las produjo, pero sí de una franja de la sociedad que tanto le da cabida como la legitima en forma acrítica. Colectivo social formado durante el menemismo (en tanto materialización de los ideales de la dictadura) y regado por el neoliberalismo, acaso sin saberlo transmite pautas, criterios, modelos. Pues la publicidad se desempeña, al menos, en dos planos. Por un lado está su producción manifiesta: la pieza publicitaria, el comercial como materialidad con su factura técnica, su argumento, su estética, soporte y eventual eficacia; su producto, destinado a ser objeto de intercambio en el mercado. Por otro emerge lo que reproduce: el universo ideológico en el que conjunto está inmerso, la idea que los productores tienen de sí mismos y de su relación con el mundo. Repasemos algunos botones de muestra.
Dentro de lo más light en pantalla, el comercial “Invisible” del Peugeot 307 (de la agencia multinacional RSCG) hace uso tanto de la última tecnología como de un dispositivo neurótico tendiente a ahuyentar el displacer. Los resultados son deslumbrantes. De la escena callejera se esfuman todos los medios de transporte, a excepción del auto que promocionan, con lo cual éste resume el conjunto de posibilidades de lo estético, ligado a lo placentero. Quitar lo que sobra y agregar lo que falta es la premisa que se agazapa como regla para lo cotidiano. Recorte de la realidad que niega una parte y ensalza otra, en forma semejante –salvando las abismales distancias– a cuando el dictador tucumano Antonio Domingo Bussi dispuso arrojar a los menesterosos fuera de las fronteras provinciales. Ni por asomo puede endilgarse a los creativos de RSCG ni a la marca francesa semejantes intenciones, muy por el contrario. Por los medios a su alcance resultan meros transmisores de un esquema que les antecede y dentro del cual habitan. La invisibilización cobra otra significancia en una cultura que sostiene semejante política con las minorías.
Menos naïf, más explícito es el comercial –hasta hace muy poco en el aire– concebido por la agencia Vegaolmosponce para el agua Eco de los Andes. Un trío de alegres ancianos –juventones, diría Gombrowicz– despliega envidiable vigor al trotar por escarpadas sierras. En un recodo divisan un auto detenido, descompuesto, con su joven conductor oteando por ayuda mientras en el interior se insinúa una figura presuntamente femenina, estática. Los viejitos se miran entre sí, toman ramas del suelo a modo de bastones y pasan simulando achaques junto al coche detenido, sin prestarle auxilio, claro. Una vez traspuesto el campo visual del joven conductor en problemas, los veteranos arrojan sus bastones y, entre risitas de burla, continúan con el footing. Paradigma de todo lo opuesto a la solidaridad, miserable sorna hacia el caído, apología de la más ventajera viveza criolla –en sentido borgeano–, hace de la impostura, cátedra. En tanto anécdota, rebasa el plausible juicio moral individual para legalizar en el foro unidireccional mediático una conducta. Relicto de esa porción de la estética menemista según la cual el individuo se eleva forzando el descenso del semejante, logra la proeza de hacer triunfar en lo catódico lo que los genocidas perdieron en lo político.
El grotesco es un género que se mofa de sí mismo sin desmentir lo que propone. Acaso en tal renglón pueda inscribirse el tríptico realizado por la agencia BBDO Argentina para la bebida energizante Gatorade. El esquema se reitera en los tres comerciales que se emiten en forma alterna por la TV abierta bajo un eslogan que se hace consigna política al articularse con las imágenes: “Para los jugadores de fútbol que trabajan de otra cosa”. Muestran, respectivamente, un tiernísimo maestro de jardín de infantes cantándoles a los niñitos, un adusto médico conferencista, un psicólogo aconsejando a una pareja. Intercalado a estas escenas, los tres varones argentinos participan de un sanguinario partido de fútbol. Trampean, roban pelotas, agreden, pegan, destruyen objetos, niegan sus faltas, ventajean a sus propios compañeros de equipo, discuten al árbitro lo indiscutible: un catálogo del doble discurso, tan caro a la corporación política vernácula. Sumado a un individualismo sin fisuras, el fútbol (la competencia en general y el deporte en particular, por extensión) es el escenario elegido donde se suspende toda norma de convivencia y pasa a prevalecer la ley del más fuerte. Darwinismo social que despliega la trampa de alojar en el orden natural lo que es arbitrio de la cultura. Más aún: el maestro (el que detenta el saber) cantor frente a sus alumnos, el catedrático de medicina (nada menos que el cuerpo entre la vida y la muerte) ante su público, el psicólogo (depositario de los meandros indecorosos) con sus pacientes, reproducen la posición del amo, y desde ese podio se autorizan a perpetrar estragos aun fuera de sus prácticas específicas, jugando a la pelota. (Luego, al calor del hogar, alguien se rasga las vestiduras parloteando sobre la violencia en las canchas.) Es entonces el lugar de quien detenta el poder omnímodo el que legitima cualquier verdura y, por sobre todo, su condición de amo, patrón, jefe, soberano, jefe, capanga, profesor titular o cabo primero.
Imaginar a la publicidad como un sujeto parado en un lugar de la corteza de este canino planeta en un tiempo determinado opera al modo de espejo, a veces deformante, algo opaco –es cierto–, que no refleja a nadie en lo personal pero sí a un conjunto en particular. Ejercicio que hace de la simple visión una mirada, fortifica el vapuleado músculo de la libertad, indispensable a fin de evitar deglutir sin al menos masticar los pucheros de sapo que tan apetitosos parecen detrás de cada vidriera.

* Antropólogo, psicoanalista, UBA.

Orden de prioridades (Por Alicia Miller)

El Estado es una organización compleja. Sus muy diversas dependencias abarcan prácticamente todas las áreas del interés humano. Y las acciones encomendadas a los dirigentes que cumplen funciones de jerarquía en él responden a esa misma complejidad, al combinar aspectos técnicos con otros políticos. Esto, a su vez, pone en juego las distintas facetas de una personalidad, en su doble dimensión individual y social.
Gobernar -de esto hablamos- consiste entonces en un universo de acciones, decisiones y opiniones que deben tender al equilibrio en el manejo de conflictos, proyectos y recursos.
Se parte del caos y del hoy. Se tiende a la armonía y a la realización de mejoras futuras. Para esto, se impone establecer un orden de prioridades que haga posible que lo urgente no relegue lo importante, y que ambos dejen espacio para imaginar el futuro, teniendo como meta el bien común.
Eso es la teoría.
Ahora bien, el gobierno que Miguel Saiz conduce desde hace cinco años en Río Negro no muestra su "hoja de ruta", es decir la lógica según la cual ordena su orden de prioridades.
Y lo que puede deducirse de las acciones, decisiones y opiniones de sus integrantes dista bastante de integrar un corpus compatible con la búsqueda del bien común. Salvo que por tal se entienda la suerte del propio equipo de gestión.
Es sabido que en épocas de carestía es cuando más evidentes se vuelven los desequilibrios en la asignación de recursos, que es el modo en que se traduce en la práctica la prioridad que un gobierno otorga a cada sector dentro del conjunto del complejo universo del Estado. Y, tras un desaprovechado verano de las cuentas públicas, la crisis muestra su cara:

-El hospital de Bariloche acaba de suspender las cirugías programadas, porque no puede garantizar un rango técnicamente aceptable de riesgo por falta de material descartable, ausencia de medicamentos, por el desaliento de su personal por bajos salarios y la fatiga derivada de la sobrecarga laboral. Las mucamas acaban de revelar que desde hace 20 años realizan tareas que corresponden al personal de enfermería y, no sólo no perciben remuneración acorde, sino que temen quedar desamparadas ante complicaciones en la salud de los pacientes.
La problemática no es nueva. El colapso del viejo edificio derivó en que, hace años, se resolviera la construcción de una nueva ala que -inaugurada para las fotos- está vacía y espera ser habilitada. Pero, esté donde esté, es impensable que puedan atenderse las necesidades de una población creciente si se le envían cada mes 150.000 pesos menos de lo que se previó el año pasado en el Presupuesto.

-En el hospital de Viedma, el defensor del Pueblo adjunto, Ignacio Gandolfi, acaba de señalar que el pobrísimo sistema de turnos que sufren 9.000 personas cada mes consiste en un programa "casero" armado por un empleado en 1995 -¡¡hace 13 años!!- en dos viejas computadoras, que funciona en DOS.

-Algo similar sucede en el Ipross, que no tiene una base de datos que le permita brindar un servicio ágil a sus afiliados, prevenir abusos y generar un sistema de estadística que oriente la toma de decisiones para evitar que lleguen tarde y mal.

La cuestión no puede ser interpretada como casual.
Hasta en las escuelas, afortunadamente, los chicos aprenden a usar computadoras, y la vida cotidiana está hoy tan completamente atravesada por la informática que resulta increíble que el Estado rionegrino no posea un programa unificado para que los establecimientos que de él dependen puedan asignar turnos y almacenar historias clínicas de las personas que atienden, e incluso de comunicarse a través de internet.
-Y si la salud debería ser una prioridad, en igual posición deberían encontrarse los niños que, por razones económicas o de riesgo físico o moral, están bajo la custodia del Estado. Las carencias del hogar Alfonsina Storni de Roca y los graves situaciones denunciadas en los CAINA de Viedma y Sierra Grande resultan hechos insoportables para toda persona que pretenda vivir en paz con su conciencia.
En base a éstos y otros ejemplos, resulta evidente que la prioridad del gobierno está lejos de estos temas.
Sólo así se entiende que las preocupaciones del gobernador Saiz oscilen entre la interna de la UCR y la irritación que le produce la actividad que despliega la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en cumplimiento de sus funciones. Y que haya pretendido reducir el "caso Flavors" a un desacuerdo personal, o a un desfase técnico sobre los cristales hallados en la leche, sin considerar el tremendo escándalo de revelaciones sobre insolvencia técnica y financiera, tratamiento preferencial e incumplimiento impositivo y laboral de una contratista beneficiada en forma irregular por al menos cinco áreas de su gestión.
Pero, lejos de tomar el caso con seriedad, hasta el momento se advierte que varias instancias de los tres poderes han adoptado sobre la cuestión una actitud diluyente.

-El Poder Legislativo recibió el pedido de investigar si el legislador Daniel Sartor incurre en enriquecimiento injustificado. Ante eso: encargó un sumario a una persona no exenta de vinculación con el poder político y con un plazo que llevará las cosas hasta más allá del verano.

-El Poder Judicial recibió el pedido del PJ de auditar lo actuado por el juez Pedro Funes ante la sospecha de que elude adoptar las medidas sugeridas por la fiscal. Ante eso: encargó al auditor general un informe instantáneo, sin darle tiempo de ver siquiera el expediente.

-El Poder Ejecutivo tomó sólo una medida: reprochó severamente a la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Olga Alonso, por haber suministrado la información a Piccinini sin dar previo aviso al gobernador. En lo demás -ya se sabe- definió que no habrá renuncias ni investigación de responsabilidades en Familia, Salud ni Hacienda. Y punto.

Esta semana, ante el tribunal que lo juzga por coimas, el ex titular de Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen, pretendía convencer a los jueces de que su actitud bonachona -y no la intención de delinquir- generó el depósito de 10.080 pesos que hizo en su cuenta el concesionario a quien debía controlar, y la compra de una empresa sello para el amigo del hijo del gobernador.
Es probable que esa confusión entre lo público y lo privado sea esencial al grupo que conduce la provincia desde 1983.
Lo preocupante, en todo caso, es que no haya habido hasta el momento una reacción social e institucional que evitara o sancionara tamaña costumbre política, en honor a la prioridad que implica atender las tareas propias de un Estado.

Alicia Miller
amiller@rionegro.com.ar

Política y riqueza (Por Alicia Miller)

El pedido de la defensora del Pueblo de que se investigue si el enriquecimiento del legislador Daniel Sartor está por encima de lo que justificarían sus ingresos y los de su grupo familiar crispó el ánimo del grupo gobernante.
La conmoción fue superior a la que se advierte por el indefinido destino de los comedores escolares, las carencias en los hospitales o la paliza que le causó la muerte a un preso esposado en la cárcel de Roca.
El bloque de la Concertación convocó a la prensa esta semana para "defender" a su presidente. Pero no hay tal ataque sino una duda razonable basada en una importante cantidad de indicios. No es una injuria ni un trascendido en las sombras.
La presentación de Piccinini incluyó informes brindados en forma oficial por organismos del Estado rionegrino y de la Nación que permiten suponer una prosperidad que envidiarían varios empresarios de la provincia.
Conviene recordar que la actividad política se basa en la atención y administración de los asuntos del conjunto. Por eso, es lógico que quienes se ocupan de ella lo hagan movidos por vocación de servicio e inteligencia estratégica, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos, sobre todo de los sectores más débiles de la sociedad.
Si las funciones políticas son remuneradas es, precisamente, para que esa actividad no resulte excluyente ni que sólo puedan dedicarse a ella quienes posean rentas o fortuna personal. El pago de la política debe, por tanto, equivaler al ingreso que lograría la persona en la actividad privada, en una tarea acorde con las aptitudes y conocimientos que se esforzó por poseer a través del estudio o el trabajo.
Pagar los cargos públicos persigue el objetivo de beneficiar a la sociedad, permitiendo que las personas más aptas puedan dedicarse a la política sin someterse a necesidades ni verse tentadas a corromperse para resolverlas.
No busca, de ningún modo, permitir un enriquecimiento rápido, fácil y sin controles. Si así fuera, el resultado sería exactamente el opuesto al buscado.
Si la política permite a alguien enriquecerse sin trabajar ni rendir cuentas, es lógico que esa actividad atraerá no a las mejores sino a las peores personalidades, aquellas poco propensas al esfuerzo y a la solidaridad que implica pensar en el prójimo -el contribuyente- que es quien paga la cuenta.
Pedir explicaciones sobre el patrimonio de quien accedió a un cargo público no debería ser algo excepcional. No equivale a una injuria ni se corresponde con una acusación penal.
Por eso, resultó llamativo que, ante el pedido de Piccinini, la reacción orillara el espanto.
Antes, tres emisarios de primer nivel intentaron disuadir a la funcionaria de la presentación: los ministros de Educación y de Hacienda y el senador Pablo Verani hablaron sin éxito.
Y, en la conferencia de prensa, Sartor dijo sentirse perseguido. Pero sólo puede perseguir el poderoso. Y la Defensoría del Pueblo no tiene otro poder que el de investigar, denunciar, sugerir, solicitar... Carece de facultades para castigar.
La cuestión, como está visto, pasa por otro lado: si Sartor declaró en el 2001 bienes que no generaban renta y que sumaban un valor de $ 200.000, y -tras siete años de ejercer cargos públicos- tiene propiedades que multiplicarían por diez esa cifra, haría bien en cambiar de estrategia.
Se equivoca si supone que el aval de su bloque le bastará para beneficiar su situación real o mejorar su imagen pública.
En realidad, su empeño debería estar puesto en pedirle al vicegobernador que inicie cuanto antes la prevención sumarial que prevé la ley de Ética Pública, y se lo habilite a hacer su descargo para demostrar que no mintió en la declaración del 2001 ni en la del 2003 y que puede justificar, peso a peso, con qué dinero compraron él y sus familiares las propiedades que hoy poseen.
Ademas, lejos de beneficiarlo la conferencia de prensa, sus propias palabras generaron nuevas dudas.
? Admitió que no presentó la declaración jurada al asumir como legislador en diciembre del 2007. Por lo tanto, desde el 10 de enero no debió percibir sueldo o dieta, ya que esa sanción prevé el artículo 8 de la ley 3.550 para tal incumplimiento. Esto, además de la responsabilidad funcional y económica que pesaría sobre el Tribunal de Cuentas por no haber retenido el ingreso, intimado la entrega, ni tramitado la cesantía en caso de haber persistido la rebeldía.
? Dijo además que no declaró los lotes comprados antes de ingresar a la función pública porque no tenía sobre ellos escritura sino boleto de compraventa. La escritura otorga dominio pleno, pero el boleto sellado y con fecha cierta es suficiente para acreditar propiedad. Prueba de ello es que, si alguien se reivindicara dueño de esos terrenos, Sartor ganaría el juicio presentando ese boleto de compraventa sellado y con fecha en los años ´80. Son suyos, por lo tanto, debió declararlos.
? Justificó no haber actualizado la declaración jurada sumando las mejoras en sus propiedades o la compra de otras nuevas indicando que figura "donde corresponde, que es en la AFIP". Ese organismo tiene una función recaudadora nacional, pero no dirime la legalidad de la compra ni exime a Sartor de sus obligaciones para con las normas provinciales, tanto éticas como fiscales respecto del impuesto Inmobiliario.
? Invocar que vendió un auto para exculparse por no haber declarado su compra es burdo y no amerita respuesta.
En fin. De algún modo, y pese a la conmoción que desató en su gestión, el principal beneficiado por la presentación de Piccinini fue el gobernador.
Por unos días, Miguel Saiz dejó de ser el centro de atención, tras el desgaste sufrido en la defensa del grupo que proveyó durante diez años los alimentos sociales, y que gozó de la condescendencia de quienes debían controlar la sanidad de los productos y la legalidad de los contratos.
Para alivio de Sartor y malestar del mandatario, el desfinanciamiento que ya se advierte en el Estado -por la crisis y las políticas nacionales- no tardará en modificar el panorama.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar