La gestión Saiz enfrenta imputaciones en varias áreas distintas. Revelaciones suman dudas a las ya existentes sobre Salto Andersen.
Las sospechas de corrupción compiten desde hace varios meses con las de ineficiencia a la hora de marcar la agenda pública del gobierno de Miguel Saiz.
Pese a que la imagen general del gobernador se mantiene en niveles aceptables, su gobierno se ve salpicado por sus propias acciones:
• El apuro por renegociar las concesiones petroleras que vencerán dentro de varios años, sin informar a la comunidad si los operadores actuales cumplieron o no con sus compromisos de inversión y con sus obligaciones legales de saneamiento ambiental.
• La insaciable necesidad de fondos para terminar la central hidroeléctrica de Salto Andersen sin explicar por qué no se intimó a la constructora Isolux Corsán por los más de dos años de demora en la culminación y los notables sobrecostos respecto del contrato original.
• El silencio y la protección al secretario general de Viales y funcionario de la empresa Viarse, Carlos Sansuerro, por las negociaciones presuntamente defraudatorias vinculadas con la promesa de construir viviendas a centenares de ciudadanos.
• Las irregularidades en la asignación de publicidad oficial que motivan por estos días la declaración indagatoria de un ministro y un secretario de Estado, a quienes se imputa haber pagado 65.000 pesos de pauta a la productora de una funcionaria del área.
• La protección brindada al secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas, Gabriel Savini, acusado de incompatibilidad de funciones por presidir una de las empresas que debería controlar y, además, asociarla a petroleras en exploración y explotación de áreas otorgadas a Edhipsa.
• La propuesta de reformar el Consejo de la Magistratura para concentrar en funcionarios de designación política la elección de quienes cubrirán más de cien cargos de jueces y fiscales que quedarán vacantes a raíz del reciente otorgamiento de una jubilación archiprivilegiada del 122% móvil del haber que perciben en actividad.
Pasaron ya cinco años desde que el gobierno provincial lanzó la licitación nacional e internacional 01/05 para construir la minicentral de generación de energía hídrica de Salto Andersen, que debió estar finalizada en 24 meses a contar desde la firma del contrato.
Tres interesados compraron pliegos, pero sólo una empresa –Isolux Corsán– presentó una oferta que más que duplicaba el presupuesto original.
Nunca se supo bien por qué el legislador peronista Javier Iud –que alertó enseguida sobre la violación de los principios de concurrencia, igualdad e imparcialidad que deben regir toda licitación– se desinteresó rápidamente de su denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El fiscal, por supuesto, no vio nada irregular.
Estaban allí, en la firma del contrato en diciembre del 2006, el gobernador Miguel Saiz, el titular del DPA Horacio Collado, el ministro de Hacienda, Pablo Verani, y el intendente de Río Colorado, Juan Villalba. Sólo Verani cambió de funciones desde entonces.
Y la central, que debió estar funcionando en diciembre del 2008, está en el 75% de avance, costará el doble de lo que ofertó Isolux y cuatro veces más que el presupuesto original.
Pensar en un error de cálculo inicial de los funcionarios es arriesgado pero posible.
Más difícil es suponer que una firma internacional como Isolux pudo haberse "pisado" tanto al presentar su propio estudio de costos y plan de obra.
Menos creíble aún es digerir que la consultora contratada por una cifra millonaria para redefinir el costo de los trabajos y determinar las obras por realizar pudo haber errado al computar anticipos financieros o al aplicar el cómputo del IVA, generando sumas artificiales.
Ni la inflación argentina ni las –por lástima– frecuentes crisis internacionales alcanzan para explicar la multiplicación de los costos y de los plazos. Salvo que se acepte que el beneficio no fuera hacer la obra sino vivir de ella.
Cualquiera que haya contratado una construcción por un valor global sabrá que el más interesado en terminar rápido la obra es el constructor, para evitar que el dinero a recibir se diluya al prorratearse en un lapso largo.
En el caso de Salto Andersen, sin embargo, los funcionarios que contrataron a Isolux Corsán no han dado muestras de exigirle que respete el ritmo de los trabajos ni de haber iniciado el trámite de rescisión del contrato ante sus incumplimientos. En cambio, parecen haber aceptado todo reclamo de mayores costos sin chistar.
La vinculación del ex gobernador Horacio Massaccesi como director de la constructora puede ser sólo una anécdota. Y no sería el único ex funcionario rionegrino ligado a la firma.
Más notable resulta la evidencia del trato privilegiado que el gobierno rionegrino mostró hacia Isolux desde la licitación misma. Y, como contracara, la escasísima difusión pública de los actos de gobierno referidos al tema. Lo poco que se conoce sobre la cuestión ha sido aportado por el legislador Martín Soria, la defensora del Pueblo Ana Piccinini y por este diario. Y varias dudas persisten:
El contrato firmado por el presidente de DPA con Cammesa en diciembre del 2009 que tuvo como objeto la energía que producirá Salto Andersen es un contrato de venta de cosa futura. La ley que reglamenta las funciones de Collado no lo faculta a vender bienes provinciales y menos a comprometer recursos que la provincia todavía no posee.
Nadie explica por qué no se licitó o compulsó de algún modo para obtener un precio más ventajoso por la energía, por qué no se firmó una carta de intención ad referéndum de la aprobación legislativa, ni por qué se prometió la garantía de regalías hidroeléctricas derivadas de otras centrales sobre las cuales tiene derecho Río Negro.
Ahora, se conoce que los materiales para la línea que falta hacer fueron comprados hace años y están en Río Colorado, aunque parte de ellos habrían sido destinados a otra obra.
Dos cosas resuenan de esta semana:
• La condena a tres años de prisión efectiva al abogado Francisco Sánchez, ex asesor de la Policía, por haber violado sus deberes de funcionario. Más allá de lo saludable que resulta la sanción de todo incumplimiento, el mensaje a la sociedad puede resultar equívoco si se advierte que otras graves imputaciones ni siquiera llegan a juicio cuando no son "independientes" sino que involucran a integrantes del grupo de poder provincial. No casualmente, la Convención Interamericana contra la Corrupción hace responsables a los Estados de erradicar la impunidad como único modo de reducir este tipo de conductas sociales indebidas.
• En igual sentido reflexionó una de las juezas de la Cámara de Viedma al leer la sentencia: "Ni qué decir si se trata de delitos que vulneran los dineros públicos, ya que se encuentra instalada en el imaginario popular la idea de que la impunidad es la regla. Lo cierto es que se ha perdido casi por completo el sentido de honorabilidad que revistió y debe revestir la función pública y las más de las veces nos encontramos con funcionarios que tratan los dineros de todos como si fueran de nadie".
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