Aballay (El estilita)

La marchita se silbaba con provocadora picardía y las esquinas del centro se veían alteradas por actos relámpago de la incipiente JP, que reclamaba por el respeto a la voluntad popular y el regreso del líder.
La persecución al campo popular, y en forma particular a los peronistas, había comenzado con el bombardeo de la Plaza de Mayo en el ’55 y no se detendría.
Arturo Frondizi asume la presidencia en febrero del ’58 gracias al pacto con Perón. En él se convenía restablecer las conquistas populares en el campo económico y social, y levantar la proscripción política y sindical. La fusiladora se presta a la normalización, pero no abdica respecto del poder real.
Los peronistas recobran la identidad amordazada, pero la amnistía se tornó selectiva; el salario es devorado por la inflación y surge la pelea por la laica en oposición a la libre. En septiembre, la huelga general repudia los contratos petroleros. Se alza el Frigorífico Lisandro de la Torre frente al negociado con la carne: ocupado por los trabajadores, son ferozmente reprimidos por tres mil efectivos al mando del tristemente recordado comisario Margaride. El saldo es de 5200 trabajadores cesanteados.
Se agudiza la represión y con ello surgen nuevos modos de resistencia, producto del imaginario colectivo: corren chanchos por la calle Florida denostando al ministro Alvaro Alsogaray, estallan los rojizos buzones desparramando volantes que denuncian al régimen mentiroso.
El Plan Conintes, que Perón no aplicara en su segundo gobierno contra los que luego lo derrocan, adquiere vigencia cuatro años después. Las cárceles de todo el país se pueblan de resistentes.
Las familias descabezadas hacen tramas solidarias para el cuidado de los hijos, se ligan en la búsqueda de abogados y la asistencia en la salud. Los asaltos a la petrolera Shell marcan coherencia en la lucha y dan alimento, techo y abrigo a los diezmados por cesantías, exilios y encarcelamientos. Muchos de ellos crecen con las luchas populares y son víctimas del genocidio del ’76/’82. Otros mueren en condiciones de misérrima pobreza.
Los pocos sobrevivientes hace más de 15 años que claman y exigen ante todos los gobiernos el reconocimiento histórico merecido por haber regado la Patria de sueños y prácticas de libertad, entendiendo que el bienestar individual lo es con relación a la existencia del bienestar de todos. Este 16 de marzo se cumplen 47 años del nefasto Plan de Conmoción Interna. La deuda de honor aún está vigente.

Por Eva Rearte (Página12)

Arturo Frondizi, ya como presidente, renegó de sus afirmaciones de nacionalismo, hechos en el año 1958 y antes de esa fecha también, al firmar contrato con ocho compañías petroleras extranjeras y desnacionalizar al Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959; hecho éste que provocó un intento de “huelga revolucionaria”, promovida por Juan Borro y John Williams Coke, en enero del mismo año.

Ante la creciente oposición de la clase obrera y las violentas actividades de resistencia de los peronistas , el Presidente Arturo Frondizi, quien era miembro de la UCRI (Unión Cívica Radical intransigente, una escisión del Partido Radical), cedió a las presiones de los militares y declaro primero el estado de sitio, y después de 1960, el llamado PLAN CONINTES (Conmoción Interna del Estado).

Bajo el mismo los acusados de terrorismo eran pasados a a la Jurisdicción militar, y Berisso, La Plata y Ensenada, se declararon zonas militares. Los sindicatos sufrieron “intervenciones” y muchos huelguistas fueron detenidos. Los peronistas se sintieron traicionados,( ya que Frondizi llegó al poder porque Perón había dicho a sus seguidores que votaran a éste) aún cuando don Arturo, disponía de poco espacio para maniobrar.

Atrapado entre las hostilidades de los militares y las presiones peronistas, para poder conservar su cargo Frondizi, decidió traicionar al Movimiento Peronista, dándole vía libre a las pretensiones de los jerarcas militares. Eran épocas complejas en aquellos tiempos aún prevalecía la llamada “guerra fría” entre EE.UU, vs. la URSS, y sus respectivos aliados, el Muro de Berlín todavía estaba muy sólido todavía, en la Argentina estaban incubando los Montoneros. La resistencia peronista estaba organizándose para pedir el regreso de Juan Perón.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se produjo un hecho histórico notable: el Juicio a las Juntas de gobierno que implementaron en el país un proyecto de corte genocida. Hoy, eso o se está negando o se pretende –en lo esencial– equiparar los crímenes cometidos desde el Estado con los crímenes cometidos por ciertos grupos civiles que se alzaron en armas alegando fundamentalmente el motivo de la liberación del país de “las garras del imperialismo”, por recurrir al lenguaje que se utilizó. Incluso se esgrime un eslogan que exige una “memoria completa” ante los hechos del pasado. La memoria está bien completa, nada deja ni dejará de lado.

Lo que se está juzgando (con enorme cautela y con la resistencia de los medios de comunicación más militaristas de la Argentina, más militaristas que los propios militares) es la responsabilidad del Estado argentino en crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes cometidos desde el Estado contra la población, contra la civilidad. Aquí, el que está siendo sometido a juicio es el Estado.

Esta tarea empezó en Nuremberg, en 1945, cuando los jueces de los tribunales se encontraron con que, por la dimensión de su horror, no se hallaban tipificados por jurisprudencia alguna. Se fijaron leyes fundamentales. Se anuló la obediencia debida. “El Estado criminal no debe excusar a los que en su nombre cometieron crímenes” (Paula Croci, Mauricio Kogan, Lesa humanidad, La Crujía, Buenos Aires, 2003, p. 184). Los tribunales de Nuremberg fueron minuciosos y claros en dejar establecido que nadie podía librarse de su responsabilidad en los crímenes, “ya que los crímenes habían sido cometidos por hombres y no por entidades abstractas o por instituciones” (Croci y Kogan, Ibid., p. 184).

Queda claro lo siguiente: siempre es alguien, siempre es una persona, un individuo, el que dispara el revólver. También en casos de fusilamientos colectivos. Si son 13 individuos los que hacen fuego sobre 50 a los que han alineado contra un paredón, cada uno de esos trece es culpable. Uno por uno, individualmente, ha hecho fuego. Uno por uno, individualmente, es culpable. Nadie puede alegar inocencia por haber recibido una orden. La “orden” no reemplaza la conciencia moral ni la responsabilidad judicial del que hace fuego. La “orden” no transforma en “inocente” a nadie. El que mata, bajo un sistema de criminalidad estatal, por orden de otro es también culpable. “En diciembre de 1951, la Convención Internacional sobre Genocidio calificó el genocidio –el exterminio de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos– como un ‘Crimen de Lesa Humanidad’. La decisión fue votada por unanimidad por las Naciones Unidas” (Ibid., p. 186).
De aquí la aberración de las leyes de punto final y obediencia debida impulsadas bajo el gobierno de Alfonsín. Es mi opinión que ese gobierno dio un paso fundamental en América latina al juzgar por primera vez a militares responsables de matanzas multitudinarias. Si el juicio no se trasmitió por televisión corresponderá analizar, sobre todo, la relación de fuerzas existente en ese momento.

Nadie ignora que el “posibilismo” fue la bandera que marcó la debilidad del gobierno alfonsinista, pero no habría que olvidar la otra cara de la cuestión: de haber ganado el candidato peronista Italo Luder, firmante del célebre decreto de “aniquilación” de la guerrilla, no habría habido directamente juicio. La relación de fuerzas me atrevería a decir debiera ser aplicada al estudio de la promoción de las leyes de obediencia debida y punto final. El gobierno peronista de Carlos Menem en nada importunó a quienes cometieron crímenes desde el Estado. Ni hablemos de De la Rúa.

Y conviene reflexionar acerca de las dificultades que tiene el gobierno de Cristina Fernández para continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad ante una derecha colmada de soberbia y de furia que tiene como fundamento de su lucha –disfrazada por otros motivos o utilizándolos para nuclear poder– conjurar, dificultar y, desde luego, impedir la realización de esos juicios. También, en lo propagandístico, esos juicios le sirven para calificar al Gobierno de “terrorista”, de “montonero” o de “un grupo de gente que está llena de odio y sólo desea venganza”. La “gente”, en proporciones más que considerables, ha venido cediendo ante esta versión de los hechos.
Conviene aclarar algo fundamental. Admito que escribo desde un diario que quiero mucho, del que me siento parte, pero que no tiene, ni puede tener, la potencia de canales de televisión, radios y otros periódicos de mayor tirada. Un movilero sagaz, que sabe qué tiene que decir para que le aumenten el sueldo, puede influir más sobre la desprotegida conciencia de los ciudadanos que una nota escrita por un intelectual voluntarioso pero relativamente eficaz ante adversarios tan desbordantes de poderío. De todos modos tenemos algo que ellos no tienen: tenemos razón.

Paso entonces a aclarar cuestiones centrales. Los crímenes de lesa humanidad son los que se cometen desde el Estado. Sólo tres sinónimos de la palabra “lesa”: “herida”, “dañada”, “agraviada”. De modo que cuando decimos “lesa humanidad” refiriéndonos a los crímenes del Estado estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido a la humanidad, la ha agraviado, la ha dañado. Los crímenes cometidos desde el aparato del Estado tienen que ser juzgados desde el Estado mismo. El Estado tiene una Justicia y esa Justicia debe juzgar los crímenes que comete. Por eso no tiene fundamento jurídico hablar de los “derechos humanos” de un policía abatido por un delincuente. El policía es parte del Estado y es el Estado el que lo protege, el que lo cuida. Las organizaciones de derechos humanos no se hicieron para eso. Se hicieron para proteger a los ciudadanos de los crímenes, de los excesos, de las violaciones del Estado. Han sido un gran avance en la seguridad de los individuos que comparte la vida comunitaria.

Cuando se crea la idea del Estado (Hobbes) la figura a la que se apela para metaforizar su poder y la eficacia de su acción es la del Leviatán, una bestia bíblica. Si el Estado es el Leviatán, ¿quién nos protege de las furias del Leviatán? Para eso se han hecho los derechos humanos. Aquí, en nuestro país, y la entera humanidad que estudia estos casos lo sabe, se ha cometido un genocidio, no contra un grupo miliciano, como se pretende, sino contra la sociedad argentina, contra hombres desarmados, científicos, profesores, obreros, chicos de 16 años del Nacional de Buenos Aires, en fin, lo sabemos.
Los crímenes de lesa humanidad son los que comete el Estado sobre los ciudadanos. El Estado no puede actuar como una fuerza miliciana, como un mecanismo terrorista. El Estado está para aplicar la Justicia. Esto se hizo en Italia con las Brigadas Rojas, se sabe.

El Estado del Proceso no juzgó a nadie. Desapareció a los que consideraba culpables o presumía que lo eran (o aun a “los tímidos” según célebre y macabra frase). Cuando los procesistas de hoy piden que se juzgue a los guerrilleros igual que a los militares olvidan, ante todo, una realidad abominable: los guerrilleros ya fueron juzgados. Los tiraron vivos al Río de la Plata. ¿Qué otro juicio piden? Si señalan a algún responsable de algo lo utilizarán para la teoría de los dos demonios. Hay un solo demonio: el Estado criminal, el que mata desde su poder, el que ignora las leyes que debiera aplicar.

Es a ese Estado y a sus servidores a quienes el Estado democrático debe juzgar. Porque ciudadanos rebeldes o grupos de milicianos habrá siempre, o no. Pero no son ni serán el Estado. Los crímenes de lesa humanidad son los cometidos por esa entidad que tiene la misión de gobernar civilizadamente una sociedad civilizada, democrática y apartar de ella a quienes delinquen. Pero por medio de la ley y del precepto fundamental que dice: “Toda persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad”. Todavía, en nuestro país, se tortura a un detenido antes de saber qué hizo.
Si se emprende alguna acción judicial contra grupos civiles que hayan ejercido la violencia, habrá que diferenciarlo tenazmente de la teoría del “empate”, que es el fundamento de la de “los dos demonios”. Los crímenes de lesa humanidad –que no prescriben, que nunca prescriben– son los cometidos por el Estado de terror. Los juicios a grupos civiles, que no instrumentaron para sus fines al Estado, prescriben. Eso diferencia una situación de la otra. Y eso es acaso definitivo. Por lo tanto, la tarea esencial del Estado democrático es juzgar y establecer jurisprudencia en los juicios de lesa humanidad. Para eso, sin embargo, tiene que nuclear el poder necesario. Y en este mundo volcado a la derecha esa tarea será dura y riesgosa.